La Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (Afico) enfocará sus esfuerzos en la homologación de un sistema tributario para la industria del crowdfunding y en elevar los límites de fondeo para las plataformas.

Con la llegada de Fernando Padilla a la presidencia de la agrupación así como la renovación del consejo directivo para el periodo 2023-2025, el objetivo es que el tema fiscal pueda resolverse antes de que termine el sexenio, comentó Juan Carlos Castro, presidente saliente de la Afico.

Afico ha estado en diálogos con las autoridades alrededor de este asunto desde 2019, pero factores como la irrupción de la pandemia y los propios cambios al interior de la Secretaría de Hacienda durante la actual administración han demorado el proceso.

 Estamos haciendo esfuerzos mucho más proactivos y casi llevándole una propuesta a la autoridad de cómo vamos a operar y cómo nos vamos a alinear todas las empresas del gremio hacia esta forma fiscal

 explicó en entrevista.

Castro mencionó que definir un esquema y homologarlo brindará más claridad tanto a autoridades como a los usuarios sobre cómo funciona el tema fiscal en el crowdfunding.

“El problema hoy no es tanto que no se retengan o paguen impuestos, sino que cada plataforma y modelo de negocio lo hace como mejor entendió en su momento, eso hace que a la autoridad le cueste entender qué está pasando y en muchos casos a los usuarios finales (comprender) las implicaciones fiscales”, abundó.

De acuerdo con Finnovista, el 2.12% de las fintech en México pertenecen al segmento de crowdfunding.

Límites frenan crecimiento

Otro tema primordial para Afico tiene que ver con ajustar los límites establecidos por la llamada Ley Fintech que aplican para las plataformas de crowdfunding.

La legislación indica que las plataformas pueden publicar solicitudes de fondeo que no excedan 50,000 UDIs para personas físicas (389,000 pesos).

Cuando se trata de proyectos de empresas el límite es de 1.67 millones de UDIs (12.9 millones de pesos), aunque en el caso de desarrollo inmobiliario el tope puede ser de hasta 6.7 millones de UDIs, equivalentes a 52.1 millones de pesos.

Sin embargo, el presidente saliente de Afico asegura que estos límites “se quedaron cortos y hoy están siendo un techo y una limitante para las operaciones”.

El también cofundador de la plataforma de fondeo colectivo inmobiliario Briq, ejemplificó que en ese sector han recibido solicitudes del doble o triple del máximo establecido por ley.

 En nuestra opinión como gremio se deberían de eliminar (los límites), por lo menos ajustar a las métricas que tenemos como industria, el mercado nos pide más montos de los que podemos dar

mencionó.

Crecimiento se ralentiza en 2022

Juan Carlos Castro comentó que tras incrementos en el número de inversionistas y montos de inversión en crowdfunding durante 2020 y 2021, el año pasado el crecimiento se desaceleró por el entorno económico incierto, subida de tasas y de inflación.

Por ejemplo, según datos preliminares, el número de inversionistas creció casi en 100,000 respecto al año previo para llegar a cerca de tres millones de usuarios en plataformas de crowdfunding.

En tanto, el monto de inversión fue de 2,000 millones de pesos en 2022, lo que significó una reducción de 33.3% contra 2021.

Sin embargo, Castro destacó que en los cinco años desde la aprobación de la Ley Fintech, el crowdfunding ha tenido un importante desarrollo.

“Hay un mercado creciente, mucha gente quiere invertir, el objetivo principal de la empieza a verse cumplido, de llenar un vacío en el sistema financiero”, dijo.

Recientemente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio el aval definitivo a seis fintech para operar como Instituciones de Financiamiento Colectivo.


De acuerdo con Castro hay otras cinco fintech de crowdfunding en la última fase de proceso de aprobación y un grupo de 60 empresas, tanto de fondeo colectivo como de fondos de pago, con solicitudes en fila.

“Depende de dos cosas, la autoridad está en la mejor disposición, aunque tiene recursos limitados, CNBV tuvo recortes de personal y muchos cambios en el sexenio. Del otro lado están las empresas que hacen las solicitudes y algunas por estrategia no llevan su proceso de la manera más ágil porque les conviene o no tienen urgencia por estar regulados”, apuntó.

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