Andrés Manuel López Obrador prometió que reduciría el gasto en publicidad y comunicación social, pero el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2019 solo muestra lo contrario.
Lo aprobado para este rubro fue de 3,156 millones de pesos, mientras que lo que pide el PPEF para el próximo ejercicio asciende a 4,257.67 millones de pesos. Esto representa un incremento de casi 30%.
Pero esa no es toda la historia: el ramo de comunicación social y publicidad (3600) es modificable a lo largo del año. Hasta septiembre, el presupuesto del rubro ascendía a 8,071.14 millones de pesos, casi el triple de lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, de acuerdo con cifras del Sistema de Gastos en Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública.
“Se presume que hay un recorte (en comunicación social) porque en términos del gasto real es la mitad, pero en gasto presupuestado es el doble”, explica Leonardo Nuñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Para Mariana Campos, coordinadora de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa, el presupuesto proyectado en comunicación social para el próximo año es positivo, pues es la primera vez en sexenios que no se subestina el gasto.
“Cambió la manera de presupuestar del gobierno. Antes había una subestimación de los ingresos y el sobrante lo colocaban durante el año. Uno de los rubros donde había esta discrecionalidad era comunicación social”, dijo.
La especialista considera un avance que el gobierno reconozca los ingresos que prevé tener, aunque estima que el porcentaje para comunicación sigue siendo excesivo.
Las que ganan y las que pierden
De las 36 unidades responsables que tienen asignado presupuesto para comunicación social, las que presentan un mayor crecimiento son la Secretaría de Gobernación (Segob), que recibirá casi 855% más respecto a lo aprobado este año y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que tendrá 582% más respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a cifras de 2018.
El incremento al presupuesto de la dependencia encabezada por Olga Sánchez Cordero “tiene sentido a la luz de la Ley General de Comunicación Social. En el discurso político se dice que la comunicación social se concentrará en Presidencia, pero lo que estamos viendo es que va a seguirse ejerciendo y el control a los medios va a hacerse más profundo en la Segob, debido a la ley le da el control del registro y la facultad de ser el encargado del padrón y del manejo de los recursos”, dice Núñez.
Las que tendrán menos recursos en comunicación social respecto a lo que les fue aprobado para este año son la Procuraduría General de la República, con una reducción de 96%; la Comisión Federal de Electricidad (-91%) y la Oficina de Presidencia (-76%).
En cifras nominales, la Segob será la dependencia con mayor presupuesto (1,786.14 millones de pesos), seguido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (670.56 millones de pesos) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (212.89 millones de pesos).
Las que tendrán menos dinero en esta partida serán el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (592,296 pesos), la Procuraduría General de la República (922,905 pesos) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (1.2 millones de pesos).
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que desaparecerá tras la abrogación de la reforma educativa, anunciada la semana pasada por el presidente López Obrador, recibirá poco más de tres millones de pesos en el rubro de comunicación social, señala el PPEF 2019.
La urgencia de regular
Los especialistas coinciden en que la posibilidad de estimar a la baja el gasto en comunicación social y aumentar los recursos en la realidad es un problema. Por ello, consideran positiva la forma de estimar del gobierno entrante.
“(Los gobiernos pasados) ponían una cantidad mínima y empezaba a subir; el gasto del gobierno que salió sumó cerca de 12,000 millones de pesos. La promesa es que no la vamos a ampliar, no hay que caer en las mismas malas prácticas”, dijo el titular de Hacienda, Carlos Urzúa, en una comparecencia con diputados este lunes.
Paulina Castaño, investigadora del programa de justicia fiscal de Fundar, considera que pese a que el monto proyectado para comunicación social “permite cierta flexibilidad” a las dependencias, el nuevo gobierno debe generar mecanismos para no gastar más de lo que se presupuestó.
“El reto es generar controles para garantizar el buen ejercicio de los recursos públicos. Es ahí donde está el problema, no en el monto”, dice.
Pese a que el PPEF 2019 considera no generar ampliaciones presupuestarias o transferencia de los recursos, Castaño dice que esas estipulaciones nunca han sido consideradas en la realidad pues “las dependencias pueden ampliar los presupuestos a diestra y siniestra”.
Para Núñez, mientras la justificación legal en la legislación hacendaria que permite que rubros como comunicación social operen de manera discrecional y sus montos se aumenten a lo largo del año, no se podrá garantizar un manejo transparente y racional de los recursos.
“Es una buena señal porque va a reducir a la mitad (el gasto) si se adhiere al presupuesto pero resulta paradójico este discurso de reducir aumentando realmente porque entonces te habla de la simulación que ha existido alrededor de este rubro y que lo que está haciendo este movimiento es legitimarlo”, considera Núñez.
