Uno de los anuncios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que más ha generado expectativa es el de la emisión automática de facturas cuando los contribuyentes paguen con tarjetas bancarias; sin embargo, pese a los esfuerzos de fiscalización, la iniciativa aún está lejos de ser una realidad.
El SAT y la Asociación de Bancos de México (ABM) firmaron un convenio de colaboración en noviembre pasado para que en los primeros cuatro meses de 2020 los contribuyentes que así lo deseen obtengan su factura electrónica de manera automática, pero hasta ahora, solo dos bancos son capaces de timbrar las facturas.
Actualmente, solo BBVA y Banco del Bajío están autorizados por el SAT para el timbrado de las facturas electrónicas o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), es decir son Proveedores Autorizados de Certificación (PACs), los únicos autorizados para generar y procesar fuera del domicilio fiscal de quien lo contrate los comprobantes fiscales.
Adicionalmente, esta iniciativa aún carece de elementos técnicos y jurídicos. “Le hacen falta muchos elementos técnicos, ¿quién es el que debería hacer eso (timbrar los CFDI)?, no es el establecimiento, es el banco como un tercero que va a ser acreditado por el SAT”, comentó una fuente cercana al proyecto que prefirió no ser identificada.
Agregó que si al banco se le otorga la categoría de PAC este asunto queda resuelto, pero entonces surge un tema de información: “¿qué va a viajar en esa transacción de la Terminal Punto de Venta?, el proyecto estaba planteado para temas que no fueran discutibles como médicos, restaurantes, servicios de hotel, con la información no hay problema, pero cuando compro papelería o compro algún otro bien que desglosa impuestos, ya no jala”.
Raquel Buenrostro la nueva jefa del SAT, ha dejado ver que esta iniciativa se reconsiderará.
“Sólo es un proyecto que recibió el SAT y es un sistema que va dirigido a la informalidad, la cual representa 3% de la recaudación; es una medida que se tiene que valorar y pensar mejor”, dijo en en su comparecencia en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con Guillermo Mendieta, presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, esta propuesta busca tener una mejor fiscalización y control de la información de los contribuyentes.
El fisco tiene la facultad de cruzar la información bancaria y revisarla con los ingresos y egresos de la contabilidad que entregan, por lo que puede identificar si una persona física en un año calendario gastó más de lo que declaró como ingresos, o bien que pese a tener la obligación de declarar, no lo hizo.
Ese es el objetivo, es obvio el control, tener mas información de los contribuyentes, tanto de los que consumen, como de los que venden, clientes y proveedores. Tener un amarre más concreto y sobretodo el tema de discrepancia fiscal que no es nada nuevo, ya tiene muchos años
comentó Guillermo Mendieta.
El artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) indica que las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar.
Aunque la iniciativa parece haber quedado en el limbo, no sería de sorprender si en el mediano plazo esta se convierte en una obligación.
“No se ha desechado del todo, creo que es una idea muy revolucionaria, muy enfocada a la contribución, simplemente se quería analizar esta situación, ver el impacto mediático que pudiera generar. Desde mi punto personal de vista no creo que se deseche en su totalidad, posiblemente se retrase por unos cuantos meses pero seguramente se va a volver a retomar”, comentó Mendieta.
