El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá mayores facultades para realizar una mayor fiscalización a los contribuyentes, mientras que estos quedarán menos protegidos ante el recorte presupuestario que se propone para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
La miscelánea fiscal del 2021 propone diversos cambios que limitan a los contribuyentes en diversos aspectos, como el tiempo para solicitar un acuerdo conclusivo o para evitar la cancelación del Certificado del Sello Digital (CSD); así como implicar a terceros en un aseguramiento precautorio, según la propuesta que se debe aprobar a más tardar el 20 de octubre por la Cámara de Diputados.
La Prodecon, por el contrario, cuenta cada vez con menos recursos. Para 2021 se propone un presupuesto de 738.6 millones de pesos, una reducción del 18.9%, respecto al que se le asignó en 2019 por 911.1 millones de pesos, según datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021.
La Procuraduría tiene tres principales funciones: actuar como defensor de los derechos de los contribuyentes; recibir quejas de las personas físicas y morales cuando exista un comportamiento arbitrario de las autoridades, y ser un mediador en los acuerdos conclusivos entre un contribuyente y el SAT, expuso Nora Morales, socia de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes.
Las tres funciones de Prodecon son esenciales y cualquier recorte que se le haga en su presupuesto, no favorece a los pagadores de impuestos
dijo la especialista.
Los recortes presupuestarios que se le hicieron en este año implicaron el cierre de 16 delegaciones; además, las arcas del gobierno podrían dejar de percibir alrededor de 4,500 millones de pesos, cantidad que se ha ingresado por el concepto de acuerdos conclusivos, indicó Prodecon en un comunicado en julio de este año.
Gobierno busca ingresos ante crisis
El gobierno busca recaudar más a través de dotar con mayores herramientas al SAT, el problema es que estas nuevas facultades recaen en el mismo grupo de pagadores de impuestos, consideró Manuel Toledo, socio de impuestos y servicios legales de PROACTIVE Tax & Legal.
“Para 2021 se propone una ampliación a las facultades al SAT para tener mayor información de los contribuyentes, a pesar de que ya se cuenta con el buzón tributario, el CDFI, el correo del contribuyente, celular y nombre de los contribuyentes”.
A esto hay que sumar la reforma contra las factureras que se hizo el año pasado, donde la defraudación fiscal de cualquier tipo se puede equiparar como un delito de delincuencia organizada.
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Acuerdos conclusivos, con menos tiempo
En los acuerdos conclusivos, Prodecon sirve como mediador entre el contribuyente y las autoridades fiscales, es decir, no está a favor ni en contra de los dos, sino que escucha a ambas partes y analiza los pros y contras de cada uno para lograr un acuerdo, expuso Morales.
Prodecon emite la admisión de un acuerdo conclusivo e identifica los hechos u omisiones calificados por la autoridad revisora, respecto de los cuales se solicita la adopción del acuerdo.
El Código Fiscal de la Federación da un plazo de 20 días hábiles máximo para que la autoridad fiscal responda. Este tiempo se quiere limitar a 15 días, de acuerdo con la miscelánea fiscal.
Esta propuesta solo complicará más la relación entre el contribuyente y el SAT, pues el acuerdo conclusivo está hecho justamente para evitar pleitos judiciales entre los contribuyentes y el SAT que pueden duran años,
dijo Morales
La recaudación por acuerdos conclusivos a favor del SAT dejaron al erario recursos por 6,507 millones de pesos, en el primer semestre del 2020. De los 136 acuerdo, el 80% correspondió a grandes contribuyentes.
Cancelación del Certificado de Sello Digital será inmediata
Otro aspecto en el que se busca obtener mayores ingresos es a través de la cancelación inmediata del Certificado de Sello Digital (CSD).
Actualmente, el SAT suspende el sello digital hasta que termine el proceso de audiencia de algún contribuyente, quien tiene 10 días para presentar pruebas de su situación fiscal.
La miscelánea fiscal propone la cancelación inmediata, pues pareciera que cree que todos los contribuyentes son Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), expuso Toledo.
“En estos casos, Prodecon es un medio alternativo de solución de controversias, ha servido mucho tanto a los contribuyentes que quieran resolver una diferencia con la autoridad como también le ha servido al gobierno para recaudar”.
Morales agregó que también se deja desprotegidos a los contribuyentes en materia de aseguramiento precautorio de bienes a terceros relacionados con un tercero.
“Si mi esposo es el que debe al fisco, un día pueden llegar las autoridades fiscales a mi casa, preguntar por él y si no está, a mi me pueden asegurar mis bienes, lo cual es inconstitucional”, expresó la especialista.
El que se le sigan recortando recursos a Prodecon implica que si la miscelánea fiscal se aprueba tal como la presentó el Ejecutivo, muchos contribuyentes no podrán estar bien asesorados, coincidieron los expertos en materia fiscal.
