Los tan anhelados resultados de la reforma energética que promovió el gobierno de Enrique Peña Nieto están lejos de ser alcanzados y de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para Pemex implicó un retroceso.
Entre los argumentos para implementarla destacan la falta de recursos públicos para invertir en el sector, la elevada carga fiscal de Pemex, además de que el Estado debía asumir todos los riesgos, así como bajar los precios para los consumidores y reducir los riesgos ambientales.
La reforma también pretendía incentivar la competencia, lograr la restitución de las reservas al 100%, incrementar la producción de petróleo a tres millones de barriles diarios (mbd) en 2018 y 3.5 mbd en 2025, obtener un crecimiento económico de un punto porcentual más para 2018 y tres para 2025, además de crear 500,000 empleos formales adicionales en 2018, y 2.5 millones en 2025.
No obstante, los resultados están lejos de las metas.
De 2013 a 2018, el precio de venta al público de gas licuado aumentó 28.7%, al pasar de 15.53 en el primer año a 19.99 pesos en el último; la gasolina Magna subió 33.2% de 14.56 a 19.40 pesos; la Premium 37.3% de 15.23 a 20.92 pesos, y el diésel 37.8%, de 14.99 a 20.66 pesos.
En tanto que a partir de 2017, cuando se llevó a cabo la liberación de los precios del gas licuado, la gasolina Magna, la Premium y el diésel, los precios aumentaron 32.4%, 9.7%, 14.9%, y 11.6%, respectivamente.
En términos de competencia, actualmente operan en el país 51 nuevas marcas, de las cuales 19 ofrecen un producto diferenciado al incorporar aditivos que ofrecen un valor agregado, de éstas marcas cuatro disponen de un suministro distinto al de Pemex, ya que importan el combustible.
La ASF indica en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 que, la incorporación de nuevos competidores en el mercado de venta de combustible produjo mayor competencia, aunque ésta no ha generado una disminución de precios, debido a que el único proveedor de hidrocarburos es Pemex y a los costos del transporte relacionados con la importación de combustibles.
¿Y el crecimiento?
En cuanto a la meta de crecimiento económico, la ASF determinó que los responsables de la operación de la política económica no contaron con mecanismos para determinar el avance en el cumplimiento de las mismas.
No obstante, con base en el comportamiento del PIB del sector energético (hidrocarburos y electricidad), identificó que, de 2013 a 2017, en el caso de hidrocarburos se registró una disminución de 14.7% en promedio anual.
Además de que la participación del PIB del sector energía respecto del PIB nacional cayó. De 2008 a 2017, disminuyó en 4.7 puntos porcentuales, al pasar de 8.9% a 4.2% del PIB nacional.
La ASF estima que en 2018 se tendría un porcentaje de participación en el PIB nacional de 4.3% y en 2025 de 5.9%.
“En este sentido, se considera que las metas programadas respecto del crecimiento económico no podrán ser cumplidas con las condiciones y comportamientos actuales en el sector, dado que, en 2013 cuando se definieron las metas, el porcentaje de participación del PIB energético respecto del nacional, equivalía al 6.6% y los datos proyectados son inferiores, por lo que no se registran los impactos positivos”, dice el documento.
Respecto a las metas de crear 500,000 empleos formales adicionales en 2018, y 2.5 millones en 2025, la Secretaría de Energía no dispone de una metodología o parámetros para conocer en qué medida se ha contribuido a cumplirlas.
Para eso la ASF estimó que, de 2008 a 2013, la población ocupada en el sector decreció en 0.7% en promedio anual, al pasar de 353,800 a 342,300 personas ocupadas, esto con base en la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2008-2018, del INEGI
La producción de Pemex en tanto, cerró 2018 con 1.8 mbd, mientras que la calificadora Fitch recortó recientemente la calificación crediticia de la petrolera debido a su débil balance financiero y recordó que técnicamente la petrolera ha sido insolvente desde 2009.
Al cierre del 2018, el sector público recibió por parte de Pemex ingresos de 436,842 millones de pesos, frente a los 389,804 millones del 2017, de acuerdo con datos de Hacienda.
