Dos meses después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los gobernadores la revisión del pacto fiscal, el tema volvió a surgir cuando gobernadores de la Alianza Federalista afirmaron que realizarán una consulta para que la población decida si permanecen en este acuerdo.
¿Quiénes son los involucrados?
Se trata de 10 gobernadores
-Enrique Alfaro (Jalisco)
-Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León)
-Javier Corral (Chihuahua)
-Silvano Aureoles (Michoacán)
-Miguel Riquelme (Coahuila)
-Diego Sinhue Rodríguez (Guanajuato)
-Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas)
-José Rosas Aispuro (Durango)
-Martín Orozco (Aguascalientes)
-Ignacio Peralta (Colima)
¿Qué buscan?
La Alianza Federalista solicita al presidente López Obrador la revisión del pacto fiscal, pues los gobernadores aseguran que no tienen los recursos suficientes para hacer frente a la crisis, lo que se suma al recorte al gasto federalizado para 2021.
Los gobernadores señalaron el martes que si no hay un diálogo con el gobierno federal se pone en riesgo la consistencia y razón de ser del pacto federal.
Incluso planean hacer una consulta pública en la que los ciudadanos de las entidades decidan si “están dispuestos pagar impuestos a la federación para que ellos (gobierno federal) se queden con el dinero y no le rindan cuentas a nadie”, según el mandatario jaliciense.
En agosto, durante la Conferencia Nacional de Gobernadores, el presidente López Obrador dijo que revisarían el pacto fiscal, mientras los gobernadores iniciarían los trabajos técnicos para su revisión a través de la Comisión Permanente de funcionarios fiscales.
En el mismo sentido se expresó este miércoles el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
En lo personal, nosotros estamos por iniciar, con los secretarios de finanzas de los estados, una discusión técnica del pacto fiscal que busque un sistema más justo y equitativo para todos
publicó el funcionario en su perfil de Twitter.
La postura del presidente
El titular del ejecutivo ha reconocido que la petición de los gobernadores es una “demanda legítima”, pero asegura que su gobierno no ha dejado de cumplir con lo que establece la ley y que es a partir de los ingresos que se define cuántos recursos se les transfieren a los estados.
Este miércoles, López Obrador reiteró que la postura de los mandatarios no debe ser contra él, sino contra la Constitución, pues es donde se define la fórmula para dividir los ingresos.
En caso de llevar a cabo la consulta popular, dijo, es importante que den a conocer a la población toda la información.
Según el presidente, los estados cobran pocos impuestos y un porcentaje de la recaudación se les devuelve mediante una fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal.
La ley dice…
El esquema actual de distribución de recursos federales contempla dos conceptos principales:
-La población de cada entidad para efecto de las participaciones (dinero que los estados y municipios ejercen libremente).
-Las aportaciones (recursos etiquetados) están destinadas a disminuir el rezago social, por lo que los estados más pobres reciben mayores recursos por esta vía.
La Ley de Coordinación Fiscal está vigente desde el sexenio del presidente José López Portillo y la fórmula actual surgió de la reforma de 2007 impulsada por Felipe Calderón. Su aplicación es parte de la reforma fiscal más importante de las últimas décadas en México.
El acuerdo establece las bases y procesos para el reparto de los ingresos fiscales entre la Federación y las 32 entidades de la República.
Fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación (…) a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y entre los municipios
de acuerdo con una definición de la Cámara de Diputados.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) explica que la reforma tuvo como objetivo incentivar con mayores niveles de participación a aquellas entidades federativas con mayores progresos en los niveles de PIB y que recaudaran más impuestos locales.
¿Tintes políticos?
El debate sobre el reparto parece tener tintes políticos, debido a que a ningún estado le conviene abandonar el esquema actual, dijo en abril de este año, Héctor Villarreal, director general del CIEP.
El replanteamiento y la salida de alguno de los estados luce imposible, ya que “eso significaría para cada uno dejar de ingresar ese aporte federal, pero no dejar de pagar impuestos como el IVA o el ISR”, precisó Villarreal hace seis meses.
