21 de octubre 2021 | 5:00 am

Bogotá, Colombia. La recuperación económica de los países latinoamericanos dependerá en gran medida de las políticas fiscales que se implementen, especialmente si se reforman los esquemas tributarios para mejorar los ingresos que se vieron mermados por la crisis del COVID-19.

Lograr un consenso entre empresarios, comunidades vulnerables, jóvenes y adultos será clave en el pago de impuestos para que las economías golpeadas por la pandemia recuperen los empleos perdidos y eviten crisis sociales, dijo en entrevista José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia.

Si no logras establecerte socialmente, el crecimiento va a ser muy difícil de lograr porque la angustia y la protesta te desboca como sociedad. Esa fue la lección de la pandemia que todos los países aprendieron, darse cuenta de que lo social hoy tiene que ser lo prioritario y que ya la política ortodoxa que se aplicaba en la economía tiene que ceder a una política un poco más heterodoxa 

aseguró el ministro. 

Durante 2020, Colombia vivió uno de los episodios más oscuros de su historia reciente no solo por las muertes que cobró la pandemia del COVID-19, sino también por las protestas sociales que se vivieron en contra de la reforma fiscal que se presentó para aliviar la caída de los ingresos.

El impacto de ese proyecto conocido como la Ley de Solidaridad Sostenible no prosperó con el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquillo, por lo que se buscó una reforma fiscal con alcance social, que ha ejecutado Restrepo, luego de que el presidente, Iván Duque lo llamara a ocupar este cargo en mayo pasado. 

En México y América Latina resultan insuficientes los programas y descuentos que se tienen para que las personas se pongan al corriente con sus obligaciones fiscales, ya que se necesitan incentivos y estímulos fiscales adicionales, así como programas sociales y de reactivación, expuso Restrepo. 

Reforma fiscal con enfoque social 

La Ley de inversión social aprobada el 14 de septiembre pasado se elaboró con base en diversas entrevistas que el ministro de Hacienda sostuvo con comunidades de seis regiones de Colombia de distintos estratos económicos y edades. 

Dicha ley representó una reforma fiscal en la que las compañías pagarán en el 2023 un 35% de los ingresos que generen en el 2022. 

Subimos la tarifa corporativa, pero no aumentamos el impuesto al patrimonio, lo desaparecimos, no aumentamos el impuesto a los dividendos; y se aumenta la sobretasa al sector financiero en tres puntos porcentuales

dijo el ministro de Hacienda.

Además, la nueva ley sostuvo algunos beneficios como el descuento al impuesto de comercio local (ICA) a bienes de capital y eliminó el impuesto sobre rentas presuntivas sobre los ingresos. 

“La ley tiene una estructura de gasto y de inversión pública que va a beneficiar a 29 millones de colombianos, más de la mitad de la población. Incluimos transferencias monetarias, son familias que hoy reciben un valor para sostenerse. Es un programa que estará hasta 2022”, indicó. 

Bajar informalidad

La nueva reforma fiscal permite que las empresas que facturan menos de 800,000 dólares al año—antes eran 600,000 dólares— pueden entrar a un programa para pagar una tasa de impuesto 50% menor a la que les cobran. 

A su vez, el gobierno subsidia al 100% los costos de seguridad social cuando las empresas contratan personas de entre 18 y 28 años a fin de que generen experiencia laboral. 

Restrepo concluyó que con estas medidas se espera que Colombia crezca entre 8 y 9% este año en la medida en que se recupere el empleo. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia presente un repunte de 7.6%; mientras que para toda la región de América Latina y el Cribe contempla un crecimiento del 6.3%.

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Inversión, la mayor apuesta 

En Colombia, la pandemia provocó la caída del PIB en 6.8% en 2020, lo que dañó los ingresos fiscales y que el déficit fiscal creciera tres veces más que en el 2019; así como un aumento de la deuda pública de casi 15 puntos porcentuales. 

Sin embargo, el gobierno apostó a la ley de inversión social para contemplar recursos adicionales de gasto público para sacar a la gente de la pobreza y lograr una mayor demanda de la economía.

 Si tú sostienes a las personas vulnerables, pueden recuperar su empleo y salir de la pobreza

mencionó el funcionario. 

Luego de que la propuesta Carrasquillas fue difícil de vender  y comunicar, el presidente Iván Duque hizo un llamado de solidaridad y sostenibilidad para que con los recursos de los más acaudalados se financien a los más pobres y se logre una nueva reforma consensuada que atienda el empleo como prioridad de los pequeños y medianos empresarios, los jóvenes y las mujeres.