México queda a deber en su capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión que se traduzcan en productividad y bienestar para sus habitantes, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El país se ubicó en el lugar 34 de 43 naciones en el Índice de Competitividad Internacional 2019 (ICI), cuyos resultados fueron publicados este martes por la asociación civil.
Al ocupar esa posición, México se ubicó dentro de los 10 países menos competitivos del mundo, y a nivel regional solo está por delante de naciones como Brasil (36), Colombia (38), Argentina (39) y Guatemala (42). Los primeros lugares los ocupan Noruega, Suiza y Dinamarca.
Su lugar es consistente con los hallazgos que señalan que en nuestro país hay brechas en el acceso a los servicios básicos para el desarrollo,
apuntó en Imco en un comunicado.
La herramienta de medición está conformada por 10 subíndices: derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, gobiernos, mercado de factores, economía, precursores, relaciones internacionales e innovación.
Puntos de atención en México
Los rubros más preocupantes son salud, educación y el sistema de justicia.
En el caso de la salud, la ubicación de residencia delimita el acceso a la atención médica. En el sur, 2 de cada 10 personas tienen acceso, mientras que en el norte, 5 de cada 10, según el Imco.
Además, en los últimos 14 años, el número de personas con acceso a la salud ha crecido más que el presupuesto para este sector.
La población con acceso aumentó un 42%, mientras que el presupuesto solo incrementó 19%, en términos reales. Esto da como resultado una caída en el gasto promedio por derechohabiente,
señaló en su comunicado.
Apuntó que México es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes y uno de los que tiene mayor gasto de bolsillo en salud, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de su población.
En materia educativa la brecha se da desde el inicio de la primera infancia, donde el trabajo de los padres determina si los niños tendrán acceso a estancias infantiles.
“Con la desaparición de las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social, (Sedesol) se abre más la brecha de desigualdad”, según el organismo.
Indicó que quienes concluyen el bachillerato egresan con conocimientos de primero de secundaria.
Manifestó que el país tiene un nivel de inglés muy bajo, lo que podría limitar las oportunidades de sus habitantes para acceder a mejores empleos.
Sobre el sistema de justicia, el Imco expuso que el 79% de la población vive con miedo.
Aseveró que en lo que va del año han ocurrido más de 857,000 robos y asaltos, y que una mínima parte se resolverá.
Detalló que el país perdió tres posiciones en el subíndice de derecho derivado, principalmente por el deterioro del Estado de derecho, la confianza en la policía y una tasa alta de homicidios.
Afirmó que el retroceso afecta en mayor proporción a la población con menores ingresos y podría alejar inversiones ante un contexto de mayor inseguridad e incertidumbre.
Sugirió analizar la calidad del desempeño de instituciones del sistema de justicia penal, incluyendo a policías, ministerios públicos, peritos, jueces, defensores públicos y asesores victimales.
Sobre el bienestar de la gente, el instituto indicó que en este rubro están los principales desafíos del país, pues lleva 20 años con un desempeño deficiente en términos de competitividad.
Para disminuir la desigualdad en el país, no solo se necesitan transferencias monetarias.
El #ICI2019 mide la competitividad de las principales economías del mundo y analiza las brechas de desigualdad en México.
Estudio ? https://t.co/7sSgiNjSvl pic.twitter.com/M84slJ3P1F
— IMCO (@imcomx) November 26, 2019
¿Qué propone?
El Imco sugiere las siguientes políticas públicas para cerrar las brechas de desigualdad:
Avanzar hacia un esquema de seguridad social universal que tenga los recursos
necesarios para asegurar infraestructura, personal e insumos.
Invertir en educación para garantizar la calidad y la cobertura, lo que incluye priorizar la educación inicial y el preescolar por su impacto en eficiencia y equidad.
Invertir en la generación de capacidades de procuración de justicia, en particular en el fortalecimiento de las policías locales.
Evaluar las políticas públicas orientadas a reducir la pobreza, lo que conlleva un padrón único de beneficiarios y la definición de reglas de operación para los programas de transferencias y subsidios bajo criterios de eficiencia, eficacia y transparencia.
Diseñar mecanismos de evaluación y retroalimentación para transparentar los
resultados.
