Terrorismo fiscal (iStock)

28 de agosto 2019 | 5:00 am

En el Senado de la República existen por lo menos tres iniciativas de ley para equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada, ante las afectaciones que ha tenido para el erario. Pero esto puede llevar a un ambiente de terrorismo fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que empresas fantasma emitieron cerca de nueve millones de facturas falsas en cinco años para amparar transacciones por un monto de alrededor de 1.6 billones de pesos.

En este sentido, las iniciativas proponen, entre otras medidas, imponer penas de cinco a ocho años de prisión a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que posibiliten operaciones inexistentes. Además de tipificar el contrabando, defraudación fiscal y expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

“Es de una severidad extrema, carece de racionalidad en términos constitucionales cada vez que se piensa en criminalizar de manera excesiva los delitos puede dar pauta a arbitrariedad por parte de la autoridad y corrupción, entre más se establezcan penas fuertes quienes se vean involucrados en el delito es lo que menos van a querer y van a poner mayores recursos para salir del problema”, dijo Luis Pérez de Acha, abogado constitucionalista.

Por lo que las autoridades pueden caer en generar un ambiente de terror fiscal, ya que los contribuyentes que estén en un supuesto de probable evasión fiscal, serán acusados de delincuencia organizada.

Para Pérez de Acha, otrora integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, estas iniciativas son una simulación, ya que quieren mandar el mensaje de que se va a perseguir a los factureros con todo el peso de la ley, pese a que autoridades como el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya saben quiénes son los principales factureros.

Ya tienen los nombres de quienes fueron los factureros en el sexenio pasado, son gente del mismo SAT, de la UIF, que desde adentro de la misma institución estuvieron emitiendo facturas falsas, lo que falta es aplicar la ley, no estar amedrentando a los contribuyentes de que se les va a acusar de delincuencia organizada

dijo Luis Pérez de Acha. 

A finales de junio, la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, dijo que ya tenían detectadas a las 8,204 empresas factureras, que emitieron las casi nueve millones de facturas falsas.

Como están las iniciativas, pudieran tener algunos situaciones en las cuales pudieran castigarse a contribuyentes que, sin tener mala fe presenten algún documento o factura de quienes están listados en el 69b y por lo tanto pudieran sancionarlos y tipificarlos como que están cometiendo  el delito de delincuencia organizada

Roberto Colín Mosqueda, vocero de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México.

El 69B le permite al fisco publicar el nombre y RFC de contribuyentes que, sospecha, simulan operaciones. Con la lista advierte a todos que si tuvieron operaciones con los sospechosos, sus facturas no serán deducibles y lo mejor es que reviertan el impuesto que dedujeron.

Para Colín Mosqueda, los legisladores deben hacer las precisiones correspondientes para efecto de tener una ley que sea efectiva para el combate de las empresas que amparan operaciones inexistentes y no que sean sancionados contribuyentes que no estuvieron involucrados en dicho delito.

Actualmente, el Código Fiscal de la Federación contempla que el delito de defraudación fiscal se sanciona con penas que van con prisión de tres meses hasta nueve años, dependiendo el monto de lo defraudado.

La compra de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet se produce por quienes simulan gastos en operaciones que nunca se llevan a cabo y con ello disminuyen o evaden el pago de impuestos. A los adquirentes de esos comprobantes se les conoce como Empresas que Deducen Operaciones Simuladas.

Mientras que las empresas que venden estos comprobantes son conocidas como empresas fantasma ya que, aunque están legalmente constituidas, no tienen activos ni actividad real y se constituyen principalmente para emitir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Estas empresas vendedoras de comprobantes son conocidas como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas.

A quien le van a cargar la mano es a los contribuyentes que compraron facturas, lo cual es correcto pero no por delincuencia organizada, es decir, que les apliquen la ley por defraudación fiscal yo creo que eso es suficiente, pero que también que persigan a los compradores de facturas en el gobierno, eso sería importante

comentó Pérez de Acha.

La investigación de la ‘La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público’, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, con base en información de la Auditoría Superior de la Federación reveló que por medio de 128 empresas fantasma, 11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios, el gobierno federal desvió recursos públicos, por poco más de 7,000 millones de pesos.

Penas actuales

El Código Fiscal de la Federación contempla que el delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:

-Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1,221,950.00.

-Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $1,221,950.00 pero no de $1,832,920.00.

-Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $1,832,920.00.

-Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión