Durante el primer trimestre del año, los ingresos tributarios mostraron una caída de 1.8% real anual, lastrados principalmente por el Impuestos Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), de acuerdo con datos publicados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El monto total recaudado fue de un billón 22,000 millones 47,000 pesos, mayor en 26,198 millones de pesos a la meta establecida para el periodo en la Ley de Ingresos de la Federación.
De acuerdo con los datos preliminares, el IEPS tuvo un descenso de 34.9%, hasta los 42,752 millones de pesos, principalmente por el IEPS recaudado de los combustibles automotrices, que cayó 35.7% real anual.
Esto debido al contrabando bronco que es el “realizado por la delincuencia y el crimen organizado, que además de tener un impacto negativo en la recaudación, afecta la competencia leal en el mercado con las y los empresarios, así como con Pemex”, destacó el SAT.
También responde al contrabando técnico que realizan los evasores fiscales mediante la falsedad en la declaración de las fracciones arancelarias del tipo de combustible que importan para disminuir el pago de sus contribuciones.
“Por tratarse de un asunto en el que está involucrado el crimen organizado, que no se puede resolver únicamente a través del SAT, existe un trabajo de inteligencia en materia de seguridad nacional coordinado por las fuerzas armadas en el que participan además, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y las áreas de Aduanas, Auditoría Fiscal y Comercio Exterior del SAT”, dijo la oficina que dirige Raquel Buenrostro.
Para disminuir el impacto del huachicol en las finanzas públicas, el gobierno federal mandó una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, pues tiene como objetivo evitar el contrabando en el sector, según el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La iniciativa que enviamos es para evitar el contrabando porque en el gobierno anterior, en el marco de la reforma energética que se aprobó (…) con sobornos que entregaron a legisladores”, dijo AMLO el pasado 29 de marzo.
Sin embargo, el marco normativo propuesto en la reforma a la Ley de Hidrocarburos no otorga armas para que la autoridad lo combata.
“La nueva propuesta no otorga herramientas que le permita al gobierno detener esta vorágine de importación inadecuada, salvo la captura regulatoria del mercado”, indicó Santiago Arroyo, abogado del sector y CEO de Ursus Energy.
