El gasto en pensiones y jubilaciones se come cada vez una mayor parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Para 2020, el Proyecto del PEF contempla un gasto de 965,200 millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones, un alza de 6.2% real respecto al aprobado para 2019.
Lo anterior equivaldrá a 3.8% del PIB en 2020 y se elevará a 4.5% en 2025, según datos de Hacienda. Este gasto considera las pensiones que se otorgan a los jubilados del gobierno federal, los del IMSS, ISSSTE, así como los de Pemex y CFE.
Aunque al agregar el presupuesto del programa ‘Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores’, de 126,650 millones de pesos, el gasto se eleva a 1.09 billones de pesos, esto es, 4.2% del PIB para 2020.
Va acabando con todo el espacio fiscal, es terrible, si incluyes la no contributiva (Pensión para el Bienestar), básicamente son 4.2% del PIB. El IVA para 2020 es 3.8% del PIB, esto quiere decir que te vas a echar toda la recaudación de IVA
comentó Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Para 2020, Hacienda planea una recaudación de 1.00 billones tan sólo por concepto de IVA.
Cada año, el gasto para pensiones, sin contar la no contributiva, aumenta 7.0% real, con base en estudios actuariales disponibles y el comportamiento observado, dice Hacienda en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE).
En este escenario, el gobierno estima que para 2020 la población en México con edad para pensionarse será de aproximadamente 9.8 millones de personas, mientras que para 2040 alcanzará 19.5 millones de personas.
Desde nuestro punto de vista sí tenemos que ir a una reforma, el problema es cómo la haces (…) Creemos que no nos salvamos de una solución más radical que incluye topar las pensiones incluso de gente que ya tiene el derecho adquirido
dijo Héctor Villarreal.
En 1997, México implementó una reforma a su sistema de pensiones, administrado por el IMSS. La reforma migró el antiguo esquema pensionario de beneficio definido a uno de contribución definida.
Con esto se dejó atrás el sistema en el que las contribuciones de los trabajadores activos financiaban el pago de los beneficios de los pensionados, sustituyéndolo por uno basado en cuentas individuales, administrado por empresas privadas especializadas en la gestión de fondos de retiro o Afores.
La reforma preservó los derechos de los trabajadores al amparo de la ley derogada (Ley de 1973) y permitió que siguiesen acumulando derechos, sin reformar los requisitos exigibles o el nivel de los beneficios, por lo que aún acumulan pasivos por estas pensiones y jubilaciones.
El monto del pasivo de pensiones de la generación de transición perdurará por varias décadas. Al cierre de 2016, el Sistema de Ahorro para el Retiro reportó más de 20 millones de trabajadores que pertenecen a esa generación, de acuerdo con el documento ‘El reto de financiar las pensiones de la Generación de Transición (GT)’, de la Consar.
Si bien, no todos los trabajadores de la GT obtendrán una pensión, los bajos requisitos que contempla la Ley 73 (500 semanas de cotización) permitirán que una proporción importante de ellos logre pensionarse.
Mientras tanto, los trabajadores que cotizan bajo la ley de 1997, al retirarse lo harán con un promedio de 26% de su último sueldo, además de tener que cumplir con 1,200 semanas de cotización.
“En la medida que se lleven a cabo reformas al marco legal que resulten en un incremento del ahorro pensional se logrará, por un lado, abatir estos pasivos contingentes y, por otro, mejorar las pensiones que obtengan los trabajadores”, dicen los CGPE.
No obstante, hasta ahora no hay indicios de una reforma profunda del sistema de pensiones. Sólo algunos cambios para flexibilizar las inversiones de las Afores, mientras tanto, los pasivos seguirán en aumento, al igual que el número de personas en edad de pensionarse.
