El gasto en pensiones y jubilaciones se aceleró 7.1% anual en términos reales durante el primer semestre de 2020.
Este rubro sumó 471,643 millones de pesos, frente a los 427,335 millones del primer semestre de 2019, de acuerdo con el último informe trimestral de Finanzas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda.
Aunque el gasto en pensiones y jubilaciones estuvo por debajo de lo planeado para el periodo, continúa acelerándose y fue mayor al de inversión física, que sumó 326,076 millones de pesos, al crecer 16% en el mismo lapso.
El programa anual para pensiones y jubilaciones contempla un gasto de 965,203 millones de pesos para todo 2020.
Para 2020, el gasto federal en pensiones se esperaba en 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB), incluido el gasto en Afores y Beneficio Definido, aunque 85% del gasto se concentraba en el Beneficio Definido (en el que el Estado financia las pensiones con una tasa de reemplazo de entre 80 y 100%), esto es, 3.7% del PIB.
Proyecciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estiman que este gasto subirá a 6% del PIB entre el año 2034 y 2035.
En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma al sistema de pensiones, que solo contempla a las Afores y trabajadores que cotizan bajo la Ley del IMSS de 1997.
La propuesta plantea elevar la participación de los patrones de 5.15 a 13.875% de forma gradual y reducir de 1,250 a 750 semanas el requisito para obtener una Pensión Mínima Garantizada (PMG), y posteriormente se elevará, en un periodo de 10 años, a 1,000 semanas.
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En tanto, la actual aportación del gobierno (0.225% + cuota social hasta 15 salarios mínimos) a la Afore del trabajador se transformará en una cuota social que se concentrará solo en quienes ganan a partir de un salario mínimo hasta cuatro UMAs.
Es decir, el gobierno asumirá una mayor responsabilidad con los trabajadores de menores ingresos, que son gran parte de las personas ocupadas. Al cierre de junio 64.87% de los empleos formales eran de plazas registradas con ingresos de un salario mínimo hasta 4 UMAs, esto es de 3,758.21 a 10,565 pesos mensuales, según datos del IMSS.
Un reporte de Morgan Stanley dice que habría costos fiscales para el gobierno al cargar con la mayor parte de contribuciones en los umbrales de ingresos más bajos, así como los relacionados con la PMG más alta, este costo lo calcula en alrededor de 0.25% del Producto Interno Bruto (PIB).
Carlos Noriega, jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda, comentó que a partir de que se apruebe la reforma, con 750 semanas, más trabajadores tendrán derecho a la PMG y es muy probable que el primer año, el gobierno tenga que hacer frente a dicha garantía.
Pero conforme avanzan los años y el ahorro empiece a ser mayor no habrá necesidad de esta garantía. De manera que no es una oferta que esté fuera de la realidad, que comprometa las finanzas públicas.
En tanto, la subgobernadora de Banco de México, Irene Espinosa, dijo que si bien la reforma es positiva, quedan fuera todos los subsistemas pensionarios, lo cual será una presión adicional para las finanzas públicas.
“Sí se presenta una reforma pensionaria, que acaba de ser anunciada, independientemente de que todo mundo aporte, el gobierno va a tener una presión mayor sobre todo en los sistemas que no están fondeados”, dijo Irene Espinosa, en su participación en el podcast de Banorte, Rumbo Económico.
En este sentido, el presidente López Obrador dijo en días pasados que también presentará una reforma para los trabajadores del Estado, pero tendrá que esperar.
Esto mismo que se hizo con los trabajadores que tienen que ver más con el Seguro Social, con las empresas, lo vamos a hacer para trabajadores al servicio del Estado, nada más quiero que nos den un poco de tiempo. Que salgamos un poco de la crisis económica, porque nos va a implicar también destinar más recursos
dijo el presidente en su conferencia del 23 de julio.
