Evasión por outsourcing ilegal asciende a 21,000 mdp anuales
Evasión por outsourcing ilegal asciende a 21,000 mdp anuales

Evasión por outsourcing ilegal asciende a 21,000 mdp anuales

Alrededor de 6,000 empresas emplean esquemas de subcontratación ilegal y el daño por evasión asciende a aproximadamente 21,000 millones de pesos anuales, según datos de la  Secretaría del Trabajo dados a conocer este miércoles.

Actualmente, se estima que unos 5 millones de trabajadores se encuentran contratados bajo el esquema de outsourcing, dijo la secretaria del Trabajo, Luisa María Albores.

En la subcontratación abusiva se configuran simultáneamente prácticas ilegales en materia laboral, fiscal, de seguridad social y de lavado de dinero. “Este esquema traslada la plantilla a empresas intermediarias para incumplir obligaciones laborales o de seguridad social”, dijo la funcionaria.

En el periodo de septiembre a diciembre de 2019, se detectaron 1,200 empresas que emplean esquemas de subcontratación ilegal y concentran a 862,489 trabajadores, detalló Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Modelo global

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, explicó que han detecado tres tipos distintos: empresas fachada que sirven como vehículo para la corrupción, empresas que emiten facturas falsas para respaldar operaciones simuladas y el esquema de outsourcing ilegal.

De las 1,854 empresas identificadas mediante información proporcionada por el IMSS y el STPS, solo se localizó información financiera de 1,086 empresas, de las cuales se generó un modelo global y  se seleccionaron siete objetivos y se realizaron operativos especiales de inspección.

Con ellos, se detectaron 10,000 trabajadores subcontratados ilegalmente y 36 empresas subcontratistas involucradas.

Las acciones iniciales se concentraron en los sectores de hotelería, servicios informáticos, farmacéutico, call centers y producción de alimentos.

Medidas 

El marco normativo ha cambiado. Durante la anterior administración se permitió generar este tipo de prácticas que daban como resultado un problema de defraudación fiscal, de generación de empresas fachada, de caminos y vehículos para fomentar la corrupción y el punto central es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro: este tipo de conductas deben concluir

aseguró Santiago Nieto.

El gobierno federal dijo que aplicará medidas para poner fin a los esquemas de subcontratación ilegal y el entramado de empresas que lo sustenta.

Además de que las secretarías involucradas intensificarán las inspecciones, exhortarán a los patrones a regularizarse y abandonar estos esquemas de contratación y administración de personal.

Además, el IMSS y la Secretaría del Trabajo impulsarán modificaciones a la ley para terminar con estas prácticas abusivas que afectan a los trabajadores al afectar la estabilidad en el empleo, los ingresos por prima de antigüedad, derecho a adquirir una vivienda, ahorro para el retiro y asistencia médica, entre otros.

Outsourcing ilegal, catalogado como crimen organizado

El titular de la Procuraduría Fiscal, Carlos Romero Aranda, exhortó a los compradores de servicios de outsourcing ilegales a acercarse a la autoridad para regularizarse, pues con la entrada de la reforma fiscal en 2020 este delito se perseguirá como crimen organizado que es penado con hasta 14 años de prisión.

En tanto, los prestadores de estos servicios pueden enfrentarse a la prisión preventiva oficiosa y penas de hasta 20 años, detalló el procurador.

“La reforma va encaminada a castigar como delincuencia organizada y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que den el servicio de outsourcing ilegal, es decir, tres o más personas que lleven a cabo actividades ilícitas”, mencionó.

La participación del organismo consistirá en recibir las vistas de la UIF, el IMSS, el SAT y el Infonavit para comenzar con las investigaciones correspondientes y presentar las querellas respectivas que acrediten la defraudación para determinar las sanciones.

“Esto ya cambió, es uno de los nuevos principios de la cuarta transformación que hay que seguir al pie de la letra”, advirtió.

 

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