En los primeros nueve meses del año, los estados y municipios recibieron recursos por un total de 646,514.5 millones de pesos, lo que significó una reducción de 10%, en términos reales y respecto al mismo periodo de 2019, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De este total, 73% (470,875 millones de pesos) provinieron del Fondo General de Participaciones, lo que también representó una reducción de 10%, respecto de enero-septiembre del año anterior.
El fondo se registra como el ramo 28 de participaciones a entidades federativas y municipios. Está conformado por 20% de la Recaudación Federal Participable (RFP) y se distribuye mediante la fórmula establecida en el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Los recursos que perciben los estados y municipios de este fondo es un punto controversial entre los gobernadores y la Secretaría de Hacienda, pues aseguran que no perciben recursos suficientes para enfrentar la crisis generada por la pandemia de COVID-19.
Incluso 10 gobernadores crearon una Alianza Federalista para romper el pacto federal que tienen los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Durango, Colima, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato con el gobierno federal.
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La queja general es que estos estados aportan cierta cantidad al gobierno federal a través de los ingresos que generan y al final, la Secretaría de Hacienda les regresa menos de lo que aportaron.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que el pacto federal no se va a romper y que la queja de estos gobernadores tiene más tintes políticos por las próximas elecciones estatales en 2021.
“Están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal”, dijo en su conferencia matutina del martes pasado.
Hacienda también ve necesario cambios en estructura federalista
A esta discusión se sumó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien aseguró que contrario a lo que se ha señalado, el acuerdo fiscal prevaleciente no fue establecido por esta administración, sino que fue producto de la reforma de 2007, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón.
Incluso, en su cuenta de twitter evidenció a los legisladores panistas que votaron a favor de esa reforma.
Como aclaramos el día de ayer, en el último tweet del hilo sobre el tema del pacto fiscal, aquí les dejamos nuevamente la liga correcta con la votación del Senado en 2007. El Senado nos indica que está en el proceso de corregir su propia liga. https://t.co/IxQ28kU6fM
— Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) October 29, 2020
En otra ocasión, Herrera mencionó que la crisis generada por COVID-19 evidenció la necesidad de replantear el federalismo, y que el próximo año se tomarán acciones a través de una Convención Nacional Hacendaria.
Estados están cubiertos en 2020
El director de Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings, Ricardo Gallegos, comentó a EL CEO que para el cierre de este año, las participaciones de los estados y municipios están cubiertos, dado que se han hecho transferencias del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Según datos de Hacienda, a inicios de octubre este año se les han dado a los estados un total de 54,800 millones de pesos para que puedan compensar la caída de las participaciones, las cuales se han visto reducidas por la crisis económica que enfrenta el país.
Los periodos de estrés más importantes serán en 2021 y 2022, a pesar de que se tenga un escaso crecimiento. Los niveles de crecimiento de las participaciones federales venían creciendo en 10% en 2018 y 2019 y es algo que ya no vamos a ver en 2021 y 2022,
dijo Gallegos.
Ante este panorama, los funcionarios de Hacienda se reunieron con los grupos parlamentarios de los diferentes partidos para acordar una reforma a la Ley de disciplina financiera de estados y municipios que ya aprobó la Cámara de Diputados y que está pendiente en el Senado.
Con esta reforma, los estados podrán reestructurar su deuda y diferir pagos hasta el 31 de diciembre del 2021. La reforma también les permitirá asumir deuda de corto plazo para que puedan paliar la crisis por el COVID-19.
