El próximo año, 15 estados cambiarán de gobierno.

28 de octubre 2020 | 5:00 am

Las reformas a la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios que aprobó la Cámara de Diputados y que se discutirá en el Senado de la República, son una medida positiva para ayudar a los gobiernos locales a paliar la crisis económica que se vive por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, para los 15 estados que tendrán cambio de gobierno el próximo año no significan tan buenas noticias, pues heredarán la deuda que les dejen sus antecesores, lo que podría reducir su margen de maniobra para inversiones futuras.

 La Ley actual dice que cuando se entregue la administración de un gobierno, tres meses antes deben estar cubiertos los pasivos de corto plazo. Ello con la idea de que la nueva administración entre con mejores perspectivas

Kristóbal Meléndez, experto en finanzas subnacionales y coordinador de investigación de Mecademi.

Con la reforma se propone que en una situación extraordinaria, como la pandemia de coronavirus, los estados y municipios puedan reestructurar sus obligaciones financieras de corto plazo.

Es decir, si la economía registra una caída de 5% en 2020, lo cual es muy probable, los estados podrían recurrir a nueva deuda a inicios de enero y febrero, incluidos los que cambian de gobierno en 2021, comentó Ricardo Gallegos, director de Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings.

 Le abrirán la puerta a las entidades que acaban su administración, lo cual es uno de los puntos de riesgo más importantes que observamos porque puede dejar una presión al gobierno entrante

La ley de disciplina financiera estaba planeada para que una entidad pudiera asumir deuda si lo destinaba a inversión productiva, pero ante la situación que se vive por la pandemia, se propuso que en casos extraordinarios, los estados puedan contratar deuda para mitigar la crisis.

De no tomar esta alternativa de reestructurar la deuda de corto plazo, les saldría también más caro a los estados, porque todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo mejorará el panorama económico sin una vacuna, agregó Gallegos.

Estados reciben menos participaciones

La crisis económica en el país provocó que los ingresos tributarios cayeran y por tanto la Recaudación Federal Participable que reciben los estados y municipios del Fondo de Participaciones se redujera de manera significativa.

En los primeros ocho meses del año, los estados y municipios recibieron de este fondo 582,232.4 millones de pesos, lo que significó una disminución del 9.8%, en términos reales y respecto al mismo periodo del 2019.

Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) utilizó recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para transferir a los estados y municipios un total de 54,800 millones de pesos a inicios de octubre de este año.

 Los estados y municipios quedarán cubiertos de las pérdidas que tuvieron del fondo de participaciones en este año, pero los periodos de mayor estrés serán en 2021 y 2022, dado que los ingresos tributarios difícilmente aumentaran

 comentó el director de Finanzas Públicas de HR Ratings.

Los estados y municipios no solamente han vivido una situación complicada por menores transferencias del Fondo de Participaciones, sino que también les redujeron los recursos que provenían del ramo 23 de Provisiones salariares y que en 2019 se tuvo un mal año en materia económica, agregó Gallegos.

Federalismo sí se debe replantear

La estructura del Federalismo se debe replantear y encaminarse a que los estados y municipios aprovechen sus potestades para el cobro de impuestos y con ello mejorar sus finanzas locales.

“Con la reducción de ingresos del ramo 23, los estados se pusieron más inquietos porque ese dinero les servía de paliativo. Y ahora tienen que ir directo con Hacienda e incomoda el hecho de que aporten cierta cantidad y se les devuelva un menor recurso”, indicó Gallegos.

Un nuevo federalismo implica que siempre habrá estados que ganen y otros que pierdan. Las dos reformas que se han hecho fueron en 2007 y 2013,  pero el problema es que se mantuvo una fórmula que no beneficia a las entidades, expuso Meléndez.

 Los estados quieren un borrón y cuenta nueva del Federalismo porque la fórmula de cómo se reparten los recursos y lo que se les devuelve por mejorar sus ingresos no les está funcionando