Analistas, organismos e incluso las últimas iniciativas de reforma impulsadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han destacado un desafío aún más apremiante para el crecimiento sostenible del nearshoring en México: la escasez de agua.
Este problema emerge como una preocupación crítica y proyecta convertirse en el principal obstáculo a largo plazo, superando incluso la importancia del desafío energético.
En entrevista, Silvia Gómez, analista senior de Investigación de Mercado de la plataforma Datoz, explicó que la relocalización ha encontrado en México un destino atractivo gracias a su proximidad geográfica con Estados Unidos y su mano de obra competitiva. Sin embargo, la posibilidad de una limitada disponibilidad de recursos hídricos representa un riesgo significativo para su desarrollo continuo.
El suministro adecuado y la gestión sostenible del agua son fundamentales para el funcionamiento eficiente de las actividades industriales en todas las regiones del país, dijo la especialista.
La incertidumbre respecto a la disponibilidad de agua pueden generar serias preocupaciones para las empresas que evalúan establecer o ampliar sus operaciones en México, esto como un riesgo potencial.
A ello se suman los datos del Banco Mundial que muestran una disminución significativa en la disponibilidad promedio anual per cápita de agua en el país, pasando de 10,000 metros cúbicos (m3) en 1960 a 4,000 en 2012.
De acuerdo con Datoz, se estima que para 2030, esta cifra podría descender por debajo de los 3,000 m3 por habitante al año.
Resalta que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha alertado sobre la posibilidad de alcanzar el “día cero” en materia de agua para la región centro de México durante este 2024, específicamente en junio, en caso de no cumplirse los pronósticos de lluvia.
Por otro lado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), dijo que México es un país vulnerable a las sequías, “con el 52% de su territorio ubicado en zonas áridas o semiáridas. En total, 14 estados se encuentran en estas regiones”.
La publicación del instituto destaca que, en la última década aumentó la frecuencia, intensidad y duración de las sequías.
Tan solo en 2021 se registraron 8,491 sequías, con un 71% catalogadas como severas, un 26% como extremas y un 3% como excepcionales, lo que implica una escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos.
Los datos indican que la demanda de agua supera la capacidad de suministro, lo que podría tener repercusiones devastadoras en múltiples sectores económicos, incluido el de manufactura, donde el nearshoring tiene una presencia destacada.
Se podría frenar a la Inversión Privada
El problema del agua y la relocalización de empresas ya se había tocado desde el año pasado durante la presentación de las bases de licitación para los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ahí, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, anunció una medida significativa.
Dijo que se publicaría en el Diario Oficial de la Federación una disposición que restringe el aprovechamiento del agua para uso industrial en varios estados de México.
La medida en ese momento detalló que sería para los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y el Estado de México. Estos territorios ya no podrán utilizar el agua para fines industriales, lo que marca un cambio significativo en la política hídrica del país.
Un año después, justo el 5 de febrero de 2024, AMLO presentó una iniciativa de reforma que busca regular el desarrollo del nearshoring en el país, particularmente en aquellas regiones con escasez de agua.
La propuesta implica modificar el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en áreas donde la disponibilidad de este recurso esté en riesgo para el consumo humano y uso doméstico.
La escasez de agua representa un desafío crítico en las regiones norte y centro de México, donde se concentra la mayor parte de la población y las actividades económicas, de acuerdo con la iniciativa.
“Estas áreas dependen en gran medida del agua para la agricultura, la industria y el abastecimiento doméstico. Sin embargo, la sobreexplotación de los acuíferos y los efectos del cambio climático, como las sequías prolongadas y las lluvias irregulares, han reducido la disponibilidad y calidad del agua”, se lee.
Energía puede pasar a segundo plano
Ante este panorama, la especialista indicó que incluso la energía está tomando un papel secundario en comparación con otros desafíos para el desarrollo industrial inmobiliario en México.
Si bien la energía, comentó, sigue siendo una preocupación importante para algunas regiones, como Tijuana y Monterrey, donde se han experimentado problemas de suministro, en general, este tema ha perdido relevancia frente a otras prioridades, como la seguridad y, especialmente, el acceso al agua.
“Los desarrolladores digo no han parado, por ejemplo, la construcción de algunos proyectos, pero sí se van lentos porque justamente pues se están viendo cómo resolver el tema de energía”, comentó.
Dijo que ya se está tocando el tema de energías renovables en parques industriales.
Optimismo en el sur-sureste
A pesar de este panorama desafiante, los desarrolladores del sur sureste de México muestran optimismo respecto al crecimiento potencial en la región.
La confianza radica en la disponibilidad relativamente abundante de agua en comparación con otras áreas del país.
Esta ventaja estratégica, indicó el director de Grupo Libera, Edoardo Tray, podría posicionar al sur sureste como una alternativa atractiva para las empresas que buscan mitigar los riesgos asociados con la escasez de agua en otras regiones.
Incertidumbre política
La analista de Datoz detalla que panorama para el sector industrial en México durante 2024 también enfrentará retos por el ciclo electoral que atraviesa el país.
Con los comicios en el horizonte, las empresas se enfrentan a un entorno político volátil que podría impactar en las decisiones de inversión y expansión.
La incertidumbre política, dijo, genera un ambiente de cautela entre los actores del sector industrial, quienes buscan mantener un equilibrio entre la estabilidad económica y las posibles turbulencias derivadas de los cambios políticos.
A medida que avance el año electoral se espera que las empresas puedan monitorear de cerca el desarrollo de los eventos políticos y adapten sus estrategias comerciales en función de los resultados electorales y las políticas que se implementen en el nuevo gobierno.
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