Las empresas fantasma y la emisión de facturas apócrifas son dos de los principales problemas que golpean la recaudación de impuestos y, con ello, los recursos con los que cuenta el gobierno.
En este sentido la Cámara de Diputados aprobó cambios al Código Fiscal de la Federación, para endurecer las penas a quienes expidan o adquieran facturas falsas, sin embargo, no contempla mecanismos para combatir y desmantelar la estructura de las empresas fantasma.
El dictamen que aprobaron los diputados el 8 de abril establece una condena de entre tres y seis años de prisión a quien resulte responsable de emitir las facturas alteradas y de entre tres meses y seis años para quienes adquieran los comprobantes falsos.
Con esta reforma, los diputados pretenden desalentar el delito de evasión fiscal, pero no considera los medios para identificar las estructuras que permiten la proliferación de las facturas apócrifas, es decir, las empresas fantasma.
La reforma castiga a quien expida o venda las facturas apócrifas, pero detrás de eso tenemos toda una estructura y mecanismos de empresas que las emiten; en la práctica son empresas que se constituyen, entregan facturas falsas a veces hasta por seis meses y luego desaparecen. No se abate ese problema de fondo
Roberto Colín, integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México.
Comprar una factura falsa es una actividad común que da pie a la simulación de operaciones. Esto permite a empresas que no existen registrar movimientos de compras o servicios que nunca se realizaron y por las que evitan el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Hasta el 10 de abril, el SAT registró 9,985 empresas que emiten comprobantes fiscales falsos en su lista negra, aunque no todos los casos están confirmados.
La evasión fiscal equivalía a 2.6% de la economía del país en 2016, de acuerdo con el estudio ‘Evasión Fiscal Global en México’, de la Universidad de las Américas Puebla.
Funcionarios intocables
Los diputados, que buscan dotar al gobierno de herramientas para abatir la simulación de operaciones, omitieron en el dictamen la relación entre operaciones simuladas y dependencias gubernamentales.
El problema recobra importancia ya que funcionarios de dependencias de todos los niveles de gobierno son quienes presentan 60% de las facturas apócrifas, de acuerdo con la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Gran parte de la facturación falsa tiene relación con recursos públicos y eso debió considerarse para que las penas sean más severas para los funcionarios públicos que incurren en este delito
Jorge Ayax Cabello, auditor del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Desde 2015, el SAT ha orientado sus esfuerzos en la detección de facturas alteradas y en el combate de conductas que den paso a la simulación de operaciones, acciones que permiten a la autoridad fiscal registra una mayor recaudación: 191,563 millones de pesos el año pasado, 17.4% más que en 2017.
Adicionalmente, desde 2013 el fisco publica una lista de las empresas que emiten facturas falsas y endureció los controles de fiscalización por medio de las facturas electrónicas, pero no ha logrado debilitar el armazón de las empresas falsas.
Estas medidas vienen al caso para tratar de mitigar los efectos de la evasión, pero han sido insuficientes. Hoy en día, aún con la emisión de facturas electrónicas, sigue siendo un problema grande para la autoridad y que le pega directo en la recaudación
comentó Roberto Colín.
Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, adelantó en febrero en un encuentro con medios que, el fisco trabaja en el diseño de una nueva estrategia contra la facturación apócrifa y que presentarán algunas propuestas ante legisladores, de las que no se conocen detalles hasta el momento.
