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14 de mayo 2019 | 5:00 am

El cambio climático es un tema prioritario que amenaza con interponerse en los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar de la pobreza a 20 millones de personas cuando finalice su administración.

Las afectaciones por este fenómeno, cuya principal causa es el calentamiento global, cada vez son más visibles, y México es un país vulnerable al ubicarse en el hemisferio norte, dentro de la franja de paso de huracanes, con grandes áreas de estrés hídrico y en una zona de transición ecológica, en donde la adaptación de las especies a nuevas condiciones de temperatura se dificulta, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dentro del territorio nacional hay regiones más propensas a sufrir sequías o inundaciones. Estas condiciones en el clima reducen los rendimientos de los cultivos, provocan el aumento en el precio de los alimentos y afectan a la población en situación vulnerable, que tienen que enfrentar estas situaciones ante la imposibilidad, en la mayoría de los casos, de cambiar de residencia.

El cambio climático por los efectos que tiene en el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) es una causante de aumentar la pobreza y generar una brecha mayor de desigualdad. Al elevarse el precio de los alimentos, los más afectados son quienes destinan hasta 80% de sus ingresos a alimentación, que son los mexicanos más pobres

comentó Carlos Alberto Jiménez, investigador de la escuela de negocios de Universidad La Salle.

El cambio climático también propicia la migración, dado que, en casos extremos, poblaciones deben cambiar de residencia, situación que también propicia una mayor competencia por los recursos necesarios para vivir, de acuerdo con la Organización Internacional de Migración (OIT).

En el país, más de 53 millones de personas, es decir 43.8% de la población, vive en condiciones de pobreza, mientras que 9.4 millones, 7.6% de los mexicanos, está en situación de pobreza extrema, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Por otra parte, los datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, indican que el país emitió 683 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de gases efecto invernadero (GEI).

Del total de las emisiones, 64% correspondieron al consumo de combustibles fósiles; 10% se originaron por los sistemas de producción pecuaria; 8% provinieron de los procesos industriales; 7% fueron emitidos por el manejo de residuos; 6% por las emisiones fugitivas por la extracción de petróleo, gas y minerías, y 5% se generaron por actividades agrícolas.

No estamos haciendo lo posible para tomar acciones para mitigar las emisiones contaminantes, porque tienen que ser adoptadas por la sociedad y eso implica un cambio de mentalidad que no se puede dar sólo por decisiones del gobierno

dijo Gerardo Mejía, catedrático de la escuela de ingeniería y ciencias del Tecnológico de Monterrey.

Las políticas de cambio climático

México es uno de los países comprometidos con el Acuerdo de París, que se firmó en 2016 durante una convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el que se busca reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático y que por lo menos 195 países reorienten su desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones de carbono.

En 2016, el gobierno fijó como meta reducir en 25% sus emisiones de GEI hacia 2050 y, desde la firma del acuerdo, cada año durante las diferentes convenciones sobre cambio climático presenta informes de resultados.

Para la OCDE, México cuenta con políticas robustas y fue de los primeros en establecer una Ley de Cambio Climático, imponer un impuesto universal al carbono y en realizar contribuciones económicas al Fondo Verde del Clima.

Pero a nivel subnacional los resultados no son exitosos. En los estados y municipios las políticas arrojan pocos avances, a pesar de que los gobiernos locales cuentan con programas de reducción de contaminantes y con un inventario de emisiones.

Los especialistas consultados coinciden en que uno de los trabajos del gobierno actual será trasladar las políticas de cambio climático, que parecen muy técnicas, a un lenguaje común para que todos los niveles de gobierno entiendan su vulnerabilidad y sean capaces de transmitirlo a la sociedad.

También será necesario coordinar la ley de cambio climático con políticas para atender la movilidad, transporte, agua, energía y vivienda, con el objetivo de obtener resultados más tangibles a niveles estatales y municipales.

La gente que vive con altos índices de marginación en lugares de riesgo es la más afectada y su vulnerabilidad aumenta con el cambio climático, por eso las políticas de superación de pobreza deben estar ligadas con las medidas contra el cambio climático de los estados, que conocen su situación particular

dijo Judith Domínguez Serrano, coordinadora del doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México.

En su estudio la OCDE recomienda a México asegurar un flujo masivo de inversión en obras de infraestructura que le permitan ser resiliente ante futuros climáticos impredecibles.

Lo anterior para proteger a la población, aumentar la competitividad y mantener la riqueza natural de sus ecosistemas; y para ello será necesario alinear la política financiera con los compromisos de México, esto es que una parte de los recursos destinados para proyectos infraestructura mitiguen los impactos ecológicos.