De inicios de junio a la fecha, jueces del Poder Judicial de la Federación han otorgado nueve resoluciones de amparo para detener la destrucción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco y para suspender la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), siete en favor de la suspensión y dos en contra.
En total son 147 las quejas que se deberán resolver. “Se está solicitando en general que se revise la legalidad y la constitucionalidad del proyecto toda vez que carece de permisos, autorizaciones y dictámenes en materia aeronáutica, financiera, arqueológica” dijo en entrevista Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y miembro del colectivo #NoMásDerroches que impulsa las quejas.
“Los juicios de amparo son distintos dependiendo del carácter del quejoso, hay vecinos de Texcoco, de Santa Lucía, pilotos, pasajeros que pagamos la TUA y que utilizamos los servicios aéreos de la CDMX. Los pilotos traen por ejemplo temas de seguridad aérea y los vecinos tienen temas ambientales”, detalló Carrasco.
Aunque lo primordial es evitar la construcción de Santa Lucía y evitar la destrucción del NAIM, pues de lo contrario (si se destruye NAIM y se comienza a construir Santa Lucía) se perdería la materia del juicio y este perdería validez, en caso de incumplirse cualquiera de las dos se pueden imponer sanciones.
El proceso de litigio comenzó en mayo de este año y el colectivo declaró no tener una estimación de cuánto podría prolongarse el proceso; sin embargo Francisco Jiménez Reynoso doctor e investigador de estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara prevé que podría prolongarse entre uno y tres años.
Aunque señaló que es complicado determinar una fecha pues no hay antecedentes de casos similares.
Incumplimientos, ilegalidades e ineficiencias
El colectivo defiende que la cancelación se hizo de manera ilegal pues la consulta no se realizó según los criterios de la ley:
Ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 1) el Presidente de la República; 2) el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o 3) los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores
, establece el artículo 35 constitucional .
Además, la participación total debe corresponder al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores para que el resultado sea vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y autoridades competentes.
Tampoco se pueden continuar las obras de Santa Lucía pues están pendientes estudios, dictámenes y permisos de seguridad, viabilidad aeronáutica, prospección arqueológica, estrategia de viabilidad social, política e interinstitucional.
Otro de los argumentos del colectivo es que la destrucción de NAIM y la construcción del AISL son contrarios al artículo 134 constitucional:
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Así el colectivo considera una opción más viable continuar con Texcoco
RECONOCE que el NAIM tiene un avance y un importante valor económico y que si se destruye por parte de las autoridades implicaría la pérdida de recursos sin que su cancelación, al día de hoy, esté sustentada y justificada, por lo que ordena a no demoler o inundar lo ya construido
— Gerardo Carrasco (@GerCarrasco90) June 25, 2019
No obstante, la Auditoría Superior de la Federación tiene otra opinión. En el Informe General Ejecutivo de la cuenta Pública 2017 publicado en febrero de 2019 concluyó sobre NAIM:
No existió una visión integral, lo que incidió en deficiencias y limitaciones para la coordinación y comunicación entre las dependencias y entidades federales y locales, y entre los tres órdenes de gobierno involucrados. Tal carencia provocó incumplimientos y riesgos en la identificación de todos los efectos del megaproyecto en lo económico, lo ambiental, lo social, lo urbano-regional y la gobernanza institucional y, por tanto, en no disponer de instrumentos suficientes para atenderlos y mitigarlos.
La valoración de la ASF, según indica el documento, estuvo basada en ocho auditorias de desempeño en temas económico, ambiental, regional-urbano, social y gobernanza institucional.
Por ejemplo en materia ambiental, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) estableció 39 medidas de mitigación en materia de agua, aire, suelo, biodiversidad y arqueología, con lo cual obtuvo una autorización condicionada de la SEMARNAT.
La ASF evaluó que los indicadores para evaluar las medidas de mitigación fueron deficientes “toda vez que no cumplen con los criterios de representatividad, relevancia, exclusividad, identificable y cuantificable mediante método de cálculo y meta, establecidos para su determinación”
Además de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no realizó
visitas a la construcción del NAICM, “únicamente revisó una de las ocho obras complementarias a cargo de la CONAGUA y de la SCT, y sólo inspeccionó el 65.2 por ciento (15) de las 28 empresas proveedoras participantes”.
Con respecto al impacto social destacó que una vez iniciado el proyecto, el GACM realizó un diagnóstico, sin embargo, “no se especificaron los impactos positivos y negativos, así como los riesgos sociales que la construcción y operación del proyecto pudieran propiciar, ni se tomaron en cuenta los resultados de la consulta realizada a la población del área de influencia”.
En temas financieros y de avance de obras la auditoría destacó que para el 31 de marzo de 2018, el GACM, había formalizado 573 contratos de obra y de su supervisión, cuyo importe importe era equivalente al 86.5% del costo estimado de la Fase 1.
Por lo cual recomendó “evitar realizar pagos cuando no se acredite la realización de obras y los productos finales entregables; se realicen ajustes de costos no autorizados, y se determine incorrectamente los factores de actualización de las propuestas; se autoricen incorrectamente estudios e investigaciones en los costos indirectos; se aplique incorrectamente los cargos adicionales, y no se dupliquen conceptos de obra y servicios”.
En su mensaje David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación señaló “se determinaron deficiencias tanto en la planeación y elaboración de proyectos ejecutivos como en la ejecución y supervisión de obras y servicios, por un total observado de 3,212.9 millones de pesos, de los cuales han sido recuperados 26.4 millones de pesos”.
Al ser cuestionado al respecto, el vocero de #NoMásDerroches señaló no tener conocimiento de la conclusión de la ASF, y añadió “se afirmó, al parecer sin sustento que existía muchísima corrupción. Nosotros no decimos que no la hubo, pero en México quien afirma debe probar y el gobierno mexicano no ha logrado probar un hecho de corrupción en Texcoco”.
Destacó que en caso de que estén identificados los daños, se debería sancionar a las instancias públicas y privadas responsables.
El doctor Francisco Jiménez añadió que estos elementos podrían formar parte de las contestaciones de los terceros afectados, es decir de las dependencias o sujetos interesados en la continuación del proyecto de Santa Lucía.
“Es un tema donde hay mucha inversión de por medio, hay intereses económicos y porque no decirlo, también políticos y las decisiones se tienen que tomar lo más razonablemente pensando en diversas aristas como la actividad de un aeropuerto como lo es el de la Ciudad de México, los aspectos económicos y de inversión y por supuesto de los usuarios”.
