Banobras colocó un bono de 10,000 millones de pesos de deuda en el mercado local el 10 de junio. El objetivo: Utilizar los recursos derivados de la emisión para proyectos de infraestructura en entidades y municipios, principalmente para poblaciones en rezago.

¿Pero existen suficientes proyectos sustentables del gobierno para justificar la deuda?

El reto principal de un ejercicio como este, aseguran especialistas en la materia, es el de identificar qué se va a qué. Es decir, la proporción de fondos que irán a proyectos de infraestructura y la cantidad que se destinará a municipios y entidades, así como el perfil de proyectos que interesan a los gobiernos locales.

Además, la clasificación de ‘bonos sustentables’ da la flexibilidad para realizar proyectos que no estarían aprobados bajo la clasificación de ‘bonos verdes’; este tipo de proyectos se alinea con las prioridades de la actual administración.

La figura de bonos verdes establece que deben ser proyectos ecológicos los que sean financiados, mientras que los bonos sustentables funcionan como una mezcla de bonos verdes y bonos sociales, lo que permite la inclusión de proyectos enfocados en cambios y mejoras de corte social, que no necesariamente tienen que ser verdes.

(Banobras) tiene que poner los criterios sobre en qué se usa el dinero a nivel infraestructura y local(…) supongo que van a tratar de aplicarlos como se comprometieron. No creo que sea una repartija de 20 centavos a cada gobierno, deberá haber al menos un par de grandes proyectos incluso a nivel municipal(…) En agosto ya tendremos certeza sobre estos a nivel municipal

Óscar Ugarteche, Investigador, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM

La estructura existente de delegados federales en cada estado podría ser una de las razones por las que la actual administración acomodará parte de estos fondos a niveles inferiores de gobierno, pues esto les permitiría “dar seguimiento y garantizar que se utilice en los proyectos aprobados”, consideró Ugarteche.

También hay críticos que piensan que no hay suficientes proyectos sobre la mesa, como Gabriel Quadri, socio director de la consultora Sigea y excandidato presidencial.

Este gobierno no tiene ningún tipo de proyectos ambientales con un perfil de sustentabilidad, entonces va a ser difícil colocar bonos verdes (…) Han cancelado la transición energética y las subastas de energía limpia. Si no tienen una visión, una estrategia y una política en esta materia, el mercado no los va a querer porque no los va a considerar creíbles.

dijo Quadri a EL CEO a finales de mayo

El bono, que representó la primera colocación de deuda por parte de la banca de desarrollo en la nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA), se emitió a plazos de 3, 10 y 15 años y tuvo un éxito mayor a lo esperado entre los inversionistas, de entre los que participaron bancos privados, fondos de pensiones y aseguradoras.

Dadas las mejores prácticas mundiales, ¿en qué podrían utilizarse estos recursos?

En el sitio Proyectos México, que concentra los principales proyectos de infraestructura y energía impulsados por el gobierno, la lista a financiar publicada por Banobras incluye:

  • Infraestructura básica que beneficie a población en rezago social y pobreza extrema
  • Infraestructura de servicios públicos, Recuperación de desastres naturales
  • Transporte sustentable
  • Proyectos de energías renovables
  • Proyectos (productos o tecnología) que reduzcan el consumo o mejoren la eficiencia energética
  • Agua y manejo de aguas residuales
  • Prevención y control de la contaminación

En el apartado de Agua y manejo de aguas residuales existen proyectos dentro de los planes federales, publicados por Banobras, que podrían verse beneficiados por estos bonos sustentables.

Uno de estos es el ‘Proyecto Construcción, operación y mantenimiento de 21 plantas de tratamiento de aguas residuales’, en el Estado de México y la Ciudad de México, cuyo costo reportado asciende a 950 millones de pesos.

Proyectos México menciona también la Planta Desalinizadora de Guaymas y Empalme, Sonora, con un costo de 704 millones de pesos.

Actualmente, el gobierno federal está en el proceso de preinversión para la “ampliación, modernización y mantenimiento de la infraestructura física de educación básica en los estados de Sinaloa y Campeche”, cuya inversión estimada es de 676 millones de pesos.

Esta partida podría ser financiada bajo el concepto de infraestructura de servicios públicos.

En febrero del año pasado, el director general del Metrobús, Guillermo Calderón, informó que la línea 7 del Metrobús había tenido un costo de 2,800 millones de pesos.

El CETRAM, de Martín Carrera, que se encuentra en etapa de ejecución, prevé una inversión de 785 millones de pesos, por lo que el costo de ambas obras ascendería a 3,585 millones de pesos.

Ambos proyectos podrían replicarse en otra locación bajo el concepto de Transporte sustentable.

También existen proyectos de infraestructura energética que podrían beneficiar a la población en zonas más alejadas. Según el precio actual de Proyectos México, se podrían construir 10 subestaciones por alrededor de 400 millones, y 50 kilómetros de líneas de transmisión por alrededor de 500 millones más.

Una planta de tratamiento de residuos sólidos planeada para el municipio de Naucalpan se estima en 1,194 millones de pesos. Una obra semejante podría ser justificada bajo la partida Prevención y control de la contaminación.

El costo de producir energía renovable depende del consumo eléctrico de cada hogar. En Estados Unidos, por ejemplo, el costo de un sistema de generación solar es de alrededor de 20,000 dólares por hogar.

Sin embargo, de acuerdo con números de la CIA, una casa mexicana gasta en promedio una sexta parte de la energía que invierte su contraparte estadounidense. Esto significa que una inversión de 1,400 millones de pesos podría otorgar electricidad limpia a hasta 21,000 hogares mexicanos.

El gasto acumulado permitiría mantener un fondo de 591 millones de pesos para asistir en la recuperación de desastres naturales.