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7 de mayo 2019 | 5:00 am

La Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción (CMIC) quiere erradicar la contratación de obra pública vía adjudicación directa, pues considera que “no es transparente, no genera competencia y genera suspicacias”, explicó en entrevista Eduardo Ramírez Leal, presidente del órgano empresarial.

Hasta el 31 de marzo se ejecutaron 1,310 contratos de obra pública, de los cuales solo 7% fueron adjudicados de manera directa, de acuerdo con cifras del Observatorio de la Industria de la Construcción.

El monto total de los proyectos equivale al 13% del Presupuesto de Egresos de la Federación destinado a este rubro.

Las entidades más beneficiadas son Quintana Roo, Jalisco, CDMX, Estado de México y Guanajuato, principalmente por obras de mantenimiento de infraestructura carretera.

“Es una mejoría con respecto del sexenio anterior”, precisó Alfonso Carrillo, director General del Observatorio, pues en promedio se adjudicaron bajo ese esquema alrededor de 20% de los contratos correspondientes a Obra Pública.

El dato difiere de la información de la organización civil México Evalúa, que estima que 74% de todos los bienes y servicios adquiridos por el gobierno federal se ha realizado bajo ese esquema, mientras que el Observatorio de la Industria de la Construcción únicamente considera las contrataciones de obra pública.

Pese a ello, opina que no se debería entregar ningún contrato de ese modo “nosotros queremos que todo se licite” añadió Ramírez Leal.

Las que más caen en esta práctica son la Comisión Nacional del agua (Conagua), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), según el análisis que el órgano empresarial ha realizado del ejercicio de las dependencias gubernamentales desde el primero de diciembre, actualizado al 31 de marzo.

El directivo destacó que tampoco están de acuerdo en que sea el mismo gobierno que desarrolla los proyectos, como es el caso del Aeropuerto Felipe Ángeles, del que está a cargo la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

No estamos de acuerdo porque no es claro quién va llevar el control de precios, ni quién va vigilar la compra de materiales. Si en algún momento Sedena necesita subcontratar tampoco sabemos cómo se van a vigilar estos procesos. Además de esa forma no se generan beneficios económicos. La rentabilidad de los proyectos genera impuestos que son devueltos a gobierno y este posteriormente reinvierte esos recursos, lo que resulta en un círculo virtuoso

Eduardo Ramírez Leal, Presidente Nacional CMIC 

Por tales motivos, desde octubre del año pasado, han impulsado que se realicen modificaciones a la Ley de Obras y Servicios Relacionados.

Las principales demandas que han llevado a la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados es la eliminación de contratación vía adjudicación directa y la creación de una plataforma digital diferente a Compranet.

Plantean que a través de ésta plataforma pública la ciudadanía, organizaciones civiles, empresas y/ o medios de comunicación puedan dar seguimiento al proceso de contratación, desde la invitación hasta el fallo, así como actualizaciones sobre la ejecución del presupuesto y avance de la obra.

Buscan que sea posible identificar a participantes de los concursos, a fin de que se puedan realizar denuncias en caso de que estén relacionados con temas de corrupción, nepotismo, incumplimientos de contratos o malas prácticas.

También solicitan sanciones administrativas y penales tanto a autoridades como empresas las que se les demuestre incumplimientos de contrato, errores de cálculo, incrementos injustificados de costo durante el desarrollo de las obras.

Para discutir la iniciativa, la CMIC ha organizado 11 foros a lo largo de la República Mexicana y estiman que la propuesta de ley sea llevada al pleno durante la segunda mitad del año.