El Programa Nacional de vivienda presentado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano es el mapa de ruta para la gestión de la vivienda durante el sexenio, durante el cual se espera una inversión pública de 2.3 billones de pesos para realizar 5.4 millones de acciones de vivienda que resultarán en 20 millones de personas beneficiadas.

Además de lograr que las viviendas de los mexicanos cumplan con las características que considera ONU-Habitat para una vivienda digna que son accesibilidad para personas con discapacidad, seguridad en la tenencia de la propiedad, habitabilidad, asequibilidad, adecuación cultural, disponibilidad de servicios y buena ubicación en relación con las zonas de empleo.

Para lograrlo establecieron cinco objetivos principales, para cuyo cumplimiento proponen 147 acciones puntuales, estas son las más importantes:

1.- Garantizar el derecho a la vivienda adecuada de todas las personas, especialmente a las más vulnerables

  • Creación de una canasta básica de elementos para la construcción de la vivienda
  •  Impulsar el uso de ecotecnias, particularmente en sitios con falta de disponibilidad de servicios
  • Coordinar un programa de mejoramiento integral en condominios intraurbanos
  • Proveer asistencia técnica integral para la autoproducción
  • Reorientar los esquemas de subsidios para apoyar a la población no afiliada,
  • Otorgar créditos hipotecarios bajo nuevos esquemas crediticios, para adquisición de vivienda nueva o usada, reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda, construcción

2.- Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos

  • Simplificación y armonización del marco jurídico-normativo, entre actores nacionales, estatales y municipales en materia de vivienda
  • Promover a través de los gobiernos municipales, intervenciones para la regularización de la tenencia de la tierra urbana
  • Incorporar un registro de procedimientos para el trámite de las licencias de construcción de vivienda de interés social, para transparentar y priorizar recursos
  • Incentivar la colocación de créditos en municipios que tengan instrumentos de planeación y catastro actualizados
  • Expedir una Norma Oficial Mexicana de Construcción de la Vivienda, la cual introduzca los lineamientos necesarios en materia de diseño estructural, según las características de distintos tipos de terreno, adecuación cultural y diseño vernáculo

3.- Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda

  • Otorgar incentivos para que los sectores privado y social aumenten su participación en la producción de vivienda social asistida
  •  Fomentar y apoyar la creación de cooperativas de participación comunitaria
  • Establecer un programa de certificación e incentivos del sector privado que permita medir el avance y cumplimiento de los criterios técnicos establecidos
  • Alianzas con las instituciones bancarias y organismos nacionales de vivienda, para promover nuevos mecanismos de financiamiento de créditos con garantía hipotecaria y realizar pruebas de implementación de microcréditos colectivos y fideicomisos de terrenos comunitarios
  • Colaborar con la banca privada para que brinde financiamiento a la construcción de vivienda para renta

4.- Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda adecuada

  • Promover la unificación de plataformas existentes de transparencia en la licitación de obras para garantizar imparcialidad y transparencia en el ejercicio presupuestal
  • Promover la integración la ventanilla única de Construcción para la denuncia ciudadana, las cuales permitan detectar y evidenciar actos de corrupción de los actores del sistema de vivienda con denuncia anónima o usuario simulado
  • Coordinar con la PROFECO la revisión de los proveedores de materiales de construcción, para asegurar calidad y prevenir abusos en precios
  • Desarrollar un registro de proveedores de vivienda en donde exista visibilidad de los propietarios de las empresas, filiales asociadas, entre otros, para inhibir malas prácticas
  • Colaborar con estados y municipios en un análisis del desarrollo y comercialización de la vivienda para identificar brechas en el cumplimiento del marco normativo

5.- Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de territorio

  •  Actualizar el inventario de suelo apropiado para el desarrollo de vivienda, tanto en zonas urbanas como rurales, privilegiando zonas consolidadas con acceso a fuentes de empleo y servicios
  • Articulación de los programas de vivienda con los de movilidad y transporte, tomando en cuenta la localización de la vivienda
  • Generar mecanismos e instrumentos normativos que propicien la redensificación habitacional al interior de la ciudad
  • Incentivar la ocupación de terrenos baldíos o predios vacantes en zonas intraurbanas con infraestructura y servicios, combatiendo la especulación
  • Promover los procesos de conformación de inmobiliarias ejidales y sociales, así como convenios que sirvan para incorporar suelo a proyectos urbanos y rurales de manera sustentable

Con estas acciones se espera para el 2024 disminuir en 2.2 millones el número de viviendas con rezago en el país, reducir hasta 25% el costo de los trámites relacionados con la tenencia de la tierra y crecer 11% el sector de la vivienda, que tiene impacto directo en 16 industrias.