Dieciocho despachos de cobranza encargados de la recuperación de vivienda para el Infonavit están siendo investigados por prácticas irregulares y se analiza retirar la concesión a cuatro de estos.

“Hay despachos de cobranza que estaban señalados en auditorías previas con malas prácticas y que eran recontratados” dijo Carlos Martínez, director del Infonavit, en conferencia de prensa esta mañana. Y anunció una nueva política de contratación.

Algunas de esas prácticas consistían en registrar juicios de domicilios que no coincidían. “Por ejemplo, se registraba en Colima el juicio de una propiedad con domicilio en Veracruz”, explicó Rogerio Castro Vázquez, secretario general y Jurídico del instituto.

También se identificaron prácticas discrecionales en la contratación de los despachos, pues se identificó el 85% de los procesos en 2018 se resolvieron vía adjudicación directa. Esto posibilitó que 25% de los despachos llevaran más del 60% de los juicios masivos de recuperación de vivienda, además del sobreprecio en el pago realizado a estos proveedores.

De acuerdo con su información en 2008, el Infonavit pagaba 8,400 millones de pesos a los proveedores, monto que en 2018 se triplicó hasta alcanzar 36,000 millones de pesos.

De acuerdo con los directivos se analiza quitar la concesión a cuatro despachos en los que encontraron más irregularidades, aunque no detallaron los nombres.

La investigación actualmente se está realizado al interior del Infonavit, a través de los consejos directivos y detallaron que de existir funcionarios involucrados se aplicarán sanciones correspondientes.

Se realizó un recorte del número de despachos contratados. Anteriormente el instituto tenía adjudicados más de 280 contratos con despachos para actividades de cobranza, mediación o recuperación judicial, los cuales pasaron a 52 en todo el país, a partir de la intención de “llegar a la última instancia”, antes de quitar la vivienda a los trabajadores.

Además de la investigación, el Infonavit informó que la consigna en este momento es la de “evitar a toda costa” que los derechohabientes pierdan su patrimonio, por lo que desarrollaron nuevas estrategias de mediación para aplicar en caso de que un trabajador deje de pagar la propiedad.

Anteriormente solo existía una. En caso de la pérdida de empleo, explicación más frecuente del motivo del impago los trabajadores podrán echar mano de:

-Fondo de Protección de Pagos
-Solución a tu medida
-Estudio socieconómico
-Dictamen de capacidad de pago
-Borrón y cuenta nueva
-Descuento por liquidación anticipada
-Liquidación al 75% Valor Avalúo
-Dación en pago