El lunes 30 de septiembre se realizará la clausura oficial del Penal de Topo Chico en Nuevo León. Después de la ceremonia de clausura y el traslado de los últimos 150 reos, parte del complejo será demolido y albergará en su lugar un parque público y “La Casa de la Memoria”, es decir el Archivo General del estado.
La clausura fue anunciada en 2018, pues se consideró que el centro inaugurado en 1943 había dejado de ser eficaz. Tenía espacio para 3,000 reos, aunque llegó a duplicar su capacidad.
El hacinamiento y poca atención por parte de las autoridades permitió que cárteles de narcotraficantes como el de los Zetas controlaran el penal. El semanario Proceso reportó que el tráfico de drogas al interior, los cobros por derechos de piso, extorsiones a los presos por visitas conyugales o servicios básicos les generaban a los líderes ingresos de hasta 50,000 pesos mensuales.
Además fue escenario de múltiples conflictos internos, en febrero de 2016 una lucha entre integrantes del Cártel de los Zetas y miembros del Cártel del Golfo originó un motín en el que perdieron la vida 49 internos, según cifras oficiales, sin embargo otras versiones contabilizaron 52 fallecidos.
Los ocupantes de Topo Chico han sido traslados en diferentes operativos a los complejos de Cadereyta y Apodaca.
Menos penales
El número de centros penitenciarios en el país ha ido a la baja. Pasaron de 444 en 2000 a 379 en 2016, de acuerdo con el estudio Los centros penitenciarios en México. ¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen?, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
Además, las condiciones de la mayoría no abonan a la reinserción social de quienes los ocupan. En 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos evaluó las condiciones de las prisiones federales, estatales, municipales y el promedio de calificación fue de 6.1, mientras que las militares recibieron 7.1.
El CESOP encontró un “deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos, en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza y sobrepoblación”.
Topo Chico se suma a la lista de centros penitenciarios que han sido totalmente desocupados para darles otros usos.
Las Islas Marías
El 18 de febrero de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que el Centro Penitenciario de las Islas Marías fuera evacuado y convertido en un centro cultural y ecológico. El espacio se llama “Muros de Agua”, en honor a uno de sus presos: el escritor y activista José Revueltas.
La cárcel se ubica en el Océano Pacífico, a 112 kilómetros del litoral de Nayarit en la isla María Madre, que forma parte de un archipiélago conformado por otros tres islotes de nombre María Magdalena, María Cleofás y San Juanito.
El archipiélago fue descubierto en 1525 y desde entonces tuvo diferentes propietarios particulares, hasta que en 1905 la señora Gila Azcona, viuda de Manuel Carpena, último propietario, le vendió el terreno al gobierno federal. El entonces presidente Porfirio Díaz decretó que se utilizara para establecer una colonia penal.
En febrero de 2019 la población de la cárcel era de 859 reos, de los cuales 600 fueron considerados de baja peligrosidad, por lo que se evaluaba su liberación, mientras que los 200 restantes serían transferidos a complejos cercanos a los domicilios de sus familiares.
El palacio negro de Lecumberri
El inmueble que alberga actualmente al Archivo General de la Nación fue durante 176 años una prisión conocida comúnmente como el Palacio Negro de Lecumberri.
La cárcel fue inaugurada en 1900 con el diseño del arquitecto Antonio Torres Torrija. Aunque no fue la primera construida con el propósito de ser una cárcel, si fue la primera en México en utilizar el modelo panóptico.
Se trata de un tipo de arquitectura carcelaria que permite observar desde un único punto la totalidad de la superficie interior. Fue su valor arquitectónico lo que impidió su demolición en la década de los 70. El entonces presidente Luis Echeverría decretó la clausura de la prisión en 1976.
El hacinamiento y pobre control por parte de las autoridades permitía tráfico de drogas al interior, reos pagaban derecho de piso a otros reos, además de que eran utilizados para cometer actos de violencia en contra de presos políticos, como relata Luis González de Alba en “Los días y los años”.
De Alba escribió la obra basada en su experiencia, pues fue detenido y encarcelado ahí por participar en el movimiento de estudiantil de 1968. José Revueltas también estuvo en esa prisión, en la que se basó para escribir “El Apando”.
Entre la lista de sus presos también se encuentran José Agustín, David Alfaro Siqueiros, Demetrio Vallejo, Pancho Villa, Francisco Guerrero, feminicida apodado como “El Chalequero”, Ramón Mercader, identificado como el asesino de León Trotsky, y el cantante Juan Gabriel, entre otros. Sus primeros presos provenían de la cárcel de Belem.
La cárcel de Belem
Esta prisión también se ubicada en la Ciudad de México, en el antiguo barrio de Belem, lo que ahora se conoce como los Arcos de Belen, cerca de la Avenida Niños Héroes.
Creada por fray Domingo Pérez Barcia, tuvo su origen en 1683 y era utilizada como un centro para madres solteras y viudas, de acuerdo con la Revista de Historia de las Prisiones.
Posteriormente se transformó en el colegio de niñas de San Miguel de las Mochas o San Miguel de Bethlem y por órdenes de Benito Juárez las estudiantes fueron reubicadas en el Colegio de las Vizcaínas.
Un año después fue reabierto para alojar a los presos de otra prisión llamada La Acordada. La capacidad de la cárcel de Belem era de 300 internos, aunque llegó a albergar a 2,000 personas.
Con la inauguración de Lecumberri se desahogó, pero fue demolida en 1934 y en su lugar se construyó el Centro Escolar Revolución.
Entre sus presos destacan Jesús Negrete, conocido como “el Tigre de Santa Julia”, así como algunos precursores de la Revolución, como Juan Sarabia, Ricardo y Enrique Flores Magón, Alfonso Cravioto y Santiago R. de la Vega, entre otros.
