Las personas que se dedican a los servicios inmobiliarios en México se encuentran en el limbo laboral, y en ocasiones desprotegidas ante incumplimiento de pago por sus actividades.
La situación se da un contexto donde la industria de la vivienda es responsable del 6% del Producto Interno Bruto, porcentaje que sumó 1 billón 236,004 millones de pesos hasta la última actualización del INEGI en 2018, resultado de la actividad económica que se genera desde la construcción hasta los servicios posteriores.
Después de la construcción, los profesionistas inmobiliarios son el segundo grupo más relevante de personal ocupado en el sector de la vivienda, pues representa 8.1% del total.
Además, la actividad de servicios inmobiliarios se mantiene con incrementos anuales y generan 2,003,323 millones de pesos al año, según el último registro del instituto de estadísticas.
Es muy común que la gente no quiera pagarte. Lo que pasa es que no comprenden muy bien cómo funciona el trabajo que hacemos, que no es únicamente la promoción de la propiedad. También hacemos la gestión del crédito bancario, tenemos que resolver por ejemplo cuando la propiedad tiene algún adeudo, gravamen hipotecario o algún tema legal.
María Eugenia Diego González, asesor inmobiliario independiente.
María y su pareja son asesores inmobiliarios de tiempo completo desde hace un par de años, y en más de una ocasión han tenido problemas para reclamar el cobro de su comisión una vez que han cerrado una transacción.
Actualmente llevan un juicio contra un cliente, quien una vez que logró vender su casa decidió no pagar por los servicios brindados. El pleito legal, que pagan de sus propios ingresos, se ha prolongado por tres meses, el mismo tiempo que les llevó encontrar comprador de esa propiedad.
“Muchos asesores lo dejan pasar porque tienes que contratar abogado y juntar la mayor cantidad de pruebas posibles para iniciar todo el proceso y eso te resta tiempo” agregó María.
Alejandro Kuri Pheres, expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), reconoció que no existe manera de garantizar retribuciones.
“La única manera de asegurarlo es dando un servicio de excelencia, hay que firmar un contrato de prestación de servicios donde se aclare la comisión y la forma de pago. Si al final el cliente no quiere pagar se hace un litigio por vía civil, pero lo mejor es asegurar un servicio de excelencia para que el cliente pague y lo haga con gusto”, indicó.
“En el país debe haber más de 100,000 personas dedicadas al negocio inmobiliario, pero no todos están afiliados a AMPI o alguna otra. Funciona como el comercio informal, un 30% está en norma y 70% actúa por su cuenta sin pagar impuestos, sin reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera, sin hacer sus operaciones correctamente y sin tener el conocimiento necesario para cuidar el patrimonio inmobiliario de sus clientes”, destacó Kuri.
Para la AMPI, que agremia más de 30,000 miembros a nivel nacional, lo primordial es la capacitación, por lo cual se encuentra en cabildeos con las Cámaras de Diputados y Senadores a fin de que se emita una ley para profesionales inmobiliarios.
“Estamos impulsando la licencia inmobiliaria, una autorización formal emitida por el gobierno federal. No queremos que solo sea el comprobar que nos dedicamos al negocio inmobiliario, sino que sea parte de un proceso de capacitación. El primer paso será crear el registro de profesionales inmobiliarios y una vez listo lo siguiente será la licencia”, expuso Kuri.
Aunque para Ignacio Flores, fundador de FIDO, lo anterior no es suficiente porque una iniciativa de ley implica pedirle al gobierno que regule algo, pero desde el mercado se puede pedir al broker certificado que ofrezca mecanismos de custodia para el dinero.
“Más que la licencia, se deberían estar buscando mecanismos legales y financieros que aseguren las condiciones a su red de afiliados”, explicó.
La empresa, pionera en el país, busca replicar el modelo escrow que se utiliza en transacciones inmobiliarias en Estados Unidos. Se trata de un tercero que busca dar certeza a ambas partes, por un lado vigila que se realice el pago de la compra y se encarga también de agrupar la documentación de la transacción.
“Supongamos que tenemos alrededor de 22,000 millones de pesos en transacciones inmobiliarias, el anticipo representa la mitad, es decir 11 mil millones. El resto, los finiquitos es lo que ya no se tiene la certeza de que sea entregado. Nosotros buscamos resolver ese flujo de efectivo”, expresó.
