La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) incrementó en 5.4% su gasto programado durante abril, impulsado por el avance del Programa de Mejoramiento Urbano, que en su segundo año fue ampliado a 50 municipios del país.
En este mes, la Sedatu erogó 314.6 millones de pesos, un gasto 5.4% mayor que el de abril de 2019. Sin embargo, el gasto acumulado de enero a abril de 2020 reporta una reducción de 25.7%, de acuerdo con el informe mensual de Finanzas Públicas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En ese contexto fueron modificadas las reglas de operación del Programa de Mejoramiento Urbano, uno de los más importantes de la dependencia y al que le fueron asignados 1,923 millones de pesos para el 2020, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ahora beneficiará a 50 municipios de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
En 2019 solo fueron 15 municipios los beneficiarios.
La Sedatu considera que se trata de un programa que contribuirá a detonar la actividad económica durante la pandemia por COVID-19, por lo cual modificaron las Reglas de Operación del proyecto.
Uno de los cambios es que darán prioridad a proyectos de mejoramiento que busquen atender los efectos de la declaratoria de emergencia.
Cuando se trate de proyectos extraordinarios de mejoramiento urbano, cuyo objetivo sea atender los efectos de una declaratoria de emergencia sanitaria, a través de apoyos extraordinarios, no requerirá la conformación de Grupo de Trabajo
de acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación
En estos casos, dice el documento, bastará con los elementos de la propuesta presentada por las Unidades y Áreas respectivas, así como con la correspondiente autorización del Comité de Validación, además de que podrán disponer más del 30% autorizado en el programa.
También se estableció que la cartera de obras y acciones relacionadas con los servicios urbanos se podrán implementar únicamente si se trata de “proyectos integrales de espacio público y movilidad que promuevan la actividad económica y la vida pública en los centros históricos y/o urbanos” indica el acuerdo.
Las modificaciones establecen un límite de gastos operativos que no podrá rebasar el 5% del presupuesto y podrá ser destinado únicamente a acciones asociadas con la planeación, operación, verificación, seguimiento y evaluación, así como a la contratación de plazas de carácter eventual.
En caso de que se observe uso indebido de los recursos al interior de los municipios, el acuerdo establece que se suspenderá la distribución económica.
“Cuando la SHCP, la SFP a través de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción y/o la SEDATU, por medio del Órgano Interno de Control, en el ámbito de sus respectivas competencias, detecten irregularidades en el ejercicio del presupuesto u operación del Programa y sean notificadas al Área Responsable correspondiente, o sea ésta misma Área quien los detecte, ésta suspenderá la radicación de recursos, e inclusive podrá solicitar el reintegro de los ya radicados, así como los rendimientos financieros que, en su caso, se hubieren generado sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables”.
Oportunidad ante COVID-19
Los representantes de Sedatu consideran que en medio de la contingencia por COVID-19 se ha vuelto más importante la intervención y el mejoramiento de asentamientos irregulares para contrarrestar las consecuencias de la crisis sanitaria.
“Es un tema de justicia territorial. Si el Estado no planea el territorio, este se planea por sí mismo de forma espontánea, atendiendo los intereses especialmente del capital privado porque termina siendo la iniciativa privada la que va generando estos nuevos desarrollos, para quienes pueden acceder a ellos -y quienes no-, están siendo excluidos y marginados de los beneficios que pueda generar el desarrollo urbano”, dijo Carina Arvizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, durante un conversatorio digital ‘Asentamientos precarios y vivienda social: impactos del COVID-19 y respuestas’.
La especialista agrega que la pandemia también replantea lo público como un reto, por lo que se debe pensar cómo garantizar que las actividades sustanciales que implican traslados, por ejemplo, se puedan realizar con seguridad para todas las personas.
“El dilema será el cómo y bajo qué circunstancias se pueden retomar las calles, una vez que las medidas sanitarias lo permitan”.
