Airbnb celebró recientemente que tiene presencia en 750 localidades mexicanas, lo que considera un logro para el turismo, pero no en todas las localidades su presencia se traduce en mayor recaudación.
La plataforma cuenta con más de 100,000 propiedades ofertadas en México, las cuales generan un impacto económico directo de 2,700 millones de dólares, “resultado de los gastos que los viajeros realizaron en dichos los destinos, así como de los ingresos extra de los anfitriones que rentaron sus espacios a través de la plataforma” indica la plataforma.
Aunque la recaudación fiscal se queda corta.
Desde que comenzó operaciones en México, la plataforma ha firmado convenios de contribución con once estados: Baja California Norte y Sur, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán y Estado de México.
Datos obtenidos a través de la plataforma Airdna, indican que esas entidades hay ofertadas 80,047 propiedades, de las cuales 91.5% se encuentran en Airbnb y el 8.5% restante en la plataforma HomeAway.
En esos estados se cobra 3% de la cuenta por alojamiento por concepto del Impuesto Sobre Hospedaje, lo cual según estimaciones de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) y la Universidad Anáhuac equivale a 600 millones de pesos anuales.
En la Ciudad de México, pionera en el impuesto a la plataforma se presentó una iniciativa para incrementar el porcentaje de ISH, del 3 al 5%.
Según la plataforma, desde el 2017 al 2019 se han pagado 90.3 millones de pesos por ese concepto “en 2017 se recaudó y pagó 13.5 millones de pesos, 35.2 millones de pesos en el 2018 y 41.5 millones de pesos de enero a octubre de este año 2019”, informaron mediante un boletín enviado a medios.
Y aunque han reconocido la importancia de ese pago las paras las ciudades, consideran que el incremento al porcentaje podría traer efectos contraproducentes.
La propuesta de incrementar el porcentaje de 3 a 5% a servicios de hospedaje prestados a través de plataformas como parte de la ley de ingresos para el 2020, más que representar un beneficio para la Ciudad, puede generar un golpe negativo al turismo, ya que es un impuesto pagado por los turistas, los cuales verán un incremento en los costos comparado con otras ciudades del país y otros destinos internacionales. Esto a su vez afectará a los capitalinos que hoy obtienen un ingreso extra al compartir sus espacios y a las comunidades que hoy se benefician gracias al desarrollo turístico
Airbnb, en un posicionamiento enviado a EL CEO
Añadieron que además puede disminuir la diversificación y el desarrollo económico de las alcaldías que no cuentan con infraestructura hotelera.
Regulación internacional
La regulación de la operación de servicios como este no se ha dado solamente en México, pues a nivel internacional existen otras experiencias de recaudación, por la competencia que representan a la industria Hotelera.
El estudio “Impacto del alojamiento con fines turísticos en casa habitación, reservadas a través de medios digitales” elaborado por la Anáhuac y la ANCH identifica dos tipos de regulaciones dependiendo de si la propiedad se renta completa o solo alguna habitación, a partir de lo cual imponen restricciones como el el tiempo máximo de arrendamiento.
Algunas de las ciudades que comparten el esquema de impuesto al hospedaje son Nueva York, San Francisco, Miami y Los Ángeles en Estados Unidos, además, Toronto, París, Amsterdam y Berlín.
El estudio también hace algunas recomendaciones para homologar tanto las condiciones de prestación del servicio con la industria hotelera, así como para brindar seguridad para los usuarios.
Entre las tareas pendientes destacan generalizar el pago del impuesto al hospedaje, inscripción al Registro Nacional de Turismo, el establecimiento de mínimos de calidad y seguridad que esté homologado a nivel nacional.
También la revisión de la situación jurídica de los trabajadores al servicio de los anfitriones y modificar la Ley General de Turismo y la Ley Federal de Protección al consumidor para incluir este servicio y asegurar el cumplimiento de los usos de suelo establecidos.
