Como parte de las medidas de reactivación de la economía tras la desaceleración causada por COVID-19, instituciones de la banca de desarrollo como Banobras y Sociedad Hipotecaria Federal tienen disponibles 22,800 millones para mitigar las afectaciones que sufrirán pequeños desarrolladores.
El entorno global, afectado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como el brote y expansión de COVID-19 originado por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, llevó a que se modificaran las expectativas de crecimiento económico a nivel global y en México.
Las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son de un crecimiento de entre -3.9% a 0.1% del PIB para el 2020, mientras que para 2021 se estima un crecimiento dentro del intervalo de 1.5 a 3.5%, de acuerdo con los Pre-criterios 2021.
Uno de los sectores en los que anticipan habrá afectaciones son el desarrollo de infraestructura y de vivienda tanto en desarrollo como en compra de unidades, debido la pérdida de empleos y a la disminución de ingresos de las personas.
Una de las preocupaciones es el acceso a financiamiento de las empresas. En 2019, el financiamiento interno al sector privado, que incluye la cartera de crédito comercial, consumo y de vivienda de la banca de desarrollo y sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles)
ascendió a 9,126 billones de pesos, 0.7 puntos porcentuales más que el año previo, y en total representa 36% del PIB nacional. De dicho monto, el financiamiento a la vivienda representa 11%.
Para hacer frente a esta coyuntura, el Gobierno de México dispone de diversos amortiguadores financieros y fiscales. En este sentido, se inició la implementación de diferentes medidas de política pública y se prepara un conjunto adicional de acciones, lo cual ayudará a mitigar los efectos de los choques externos e internos sobre la economía, la liquidez internacional y las finanzas públicas; contribuirá a enfrentar los retos en materia de salud, empleo y liquidez de las empresas y los hogares en el corto plazo, protegiendo los ingresos y el bienestar de los grupos más vulnerables de la población; y fortalecerá la demanda agregada para reactivar la economía en el mediano plazo, indica el documento.
En el sector de infraestructura y vivienda se dispondrán de 22,800 millones de pesos, de los cuales 6,000 son de Banobras para apoyo a la liquidez de las empresas del sector de infraestructura.
Los beneficiarios serán acreditados directos de Banobras y quienes tengan créditos sindicados con otros bancos, que enfrenten caídas en sus ingresos. Pueden aspirar a refinanciamiento o reestructura de la deuda.
Lo restante corresponde a Sociedad Hipotecaria Federal, a través de tres programas, el primero es “Estabilización de Carteras de Crédito a la Construcción Sindicados”, con 8,800 millones de pesos.
Se trata de ampliaciones de plazo para créditos vigentes, de manera “que permita atenuar la baja temporal de ventas”.
Aplica para los créditos puente que no hayan tenido ampliación de plazo, con lo que podrán extender el contrato por 12 meses, para los créditos que hayan tenido una o más ampliaciones el beneficio es de seis meses.
También hay 6,000 millones de pesos de “Línea de costos financieros para atenuar baja temporal de actividad económica”, que se trata de una línea de financiamiento adicional de hasta 5% de la línea original que para cubrir intereses por el desfase de ventas.
La dependencia no ha informado aún cuántas empresas podrían ser beneficiarias de estos programas de mitigación, sin embargo hasta el cierre de marzo se contabilizaron el Registro Único de Vivienda 16,688 unidades en producción, 123 viviendas menos que en marzo del 2019.
El tercer apoyo equivale a 2,000 millones de pesos para “Microfinanciamiento para la mejora de vivienda” principalmente para el sureste del país.
Está destinado a instituciones no bancarias como Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS), Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) que cuenten con con productos de financiamiento para créditos de hasta 25,000 pesos.
Otras instituciones relacionadas con el desarrollo urbano también están facilitando algunas medidas. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), brindará copias de cartografías y expedientes de forma gratuita, así como descuentos en el cobro de pago de derechos para liberar de gravamen, en verificaciones técnicas y cartográficas y en trámites de sesión de derechos, informó la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano.
