La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que se encuentra realizando una inspección detallada sobre el traspaso de las plantas eléctricas propiedad de la empresa de origen español, Iberdrola, al Gobierno de México.
Señaló que aún no se ha avalado la compra anunciada el pasado 13 de junio de 2023, debido a que la comisión fue notificada de manera formal sobre el caso, apenas en septiembre pasado.
La aprobación por parte de la Cofece es uno de los requisitos legales que se requieren para poder concretar la operación, que ha tardado más de los previsto, ya que el gobierno mexicano esperaba que se pudiera concretar antes de finalizar el 2023.
De acuerdo con las leyes del país, la Cofece cuenta con 60 días hábiles para emitir su resolución una vez que los solicitantes hayan entregado toda la información para el trámite requerido, apegándose en todo momento a los términos legales.
Sin embargo, de acuerdo con la Guía para la notificación de concentración publicada por la Comisión, en algunos casos que defina como “excepcionalmente complejos” la Cofece puede ampliar el plazo para emitir su resolución por un periodo de hasta 40 días más.
Por su parte, la comisionada presidenta , Andrea Marván Saltien, refirió que el análisis que está realizando la Cofece puede tardar “varios meses”.
¿Qué incluye el acuerdo que analiza Cofece?
El acuerdo incluye 13 plantas de generación de electricidad y la transacción fue valorada en 6,000 millones de dólares.
Las centrales involucradas —Monterrey I, II, III y IV, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I y II, Baja California, Topolobampo II y III, Enertek y La Venta III— representan el 55% del flujo operativo (EBITDA) esperado de Iberdrola en el país durante s2023 y tiene más de 400 empleados.
Tras el acuerdo, Iberdrola informó que se quedaría con la titularidad de otras 13 plantas, toda la actividad de clientes privados y la cartera de proyectos renovables para desarrollar.
Con información de medios nacionales
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