La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha realizado distintos ajustes a la normatividad de autoabasto eléctrico que están dando origen a una asimetría regulatoria en el sector, advirtieron especialistas.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intenta limitar figuras legales como el autoabasto que permiten a las empresas conseguir suministro eléctrico diferente al de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero esto crea un ambiente más favorable para la empresa del estado a costa de las empresas privadas.
Se está creando una asimetría en la regulación, ya que se están aplicando reglas diferentes para la misma modalidad
advirtió Jeovani Santiago, experto en regulación del sector energético.
La asimetría regulatoria es justo lo que los reguladores económicos, como se pensó en el caso de la CRE, a nivel mundial tratan de evitar, ya que el marco legal siempre debe ser parejo para todos los participantes de un mercado.
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Administrativamente, el gobierno de AMLO tiene la facultad de suspender de facto los efectos de la reforma energética del 2013, donde se impulsó la figura de autoabasto que ya existía.
No necesariamente tiene que haber una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) o constitucional para que se puedan implementar ciertos mecanismos de política energética conforme a la visión de la actual administración
mencionó Bernardo Cortés, socio del despacho de abogados Cortés Quesada.
¿Qué normas han cambiado?
Si bien la reforma a la LIE se encuentra suspendida por orden de los jueces de competencia y la reforma constitucional en materia eléctrica presentada por AMLO fue desechada por el Pleno de la Cámara de Diputados, la regulación administrativa está limitando los beneficios de las empresas con permiso para autoabastecerse de energía.
El gobierno hizo cambios al abastecimiento aislado, el endurecimiento de los requisitos para obtener permisos de generación eléctrica, o la no autoriza modificaciones a los permisos de autoabasto, son tres ejemplos de cambios regulatorios que desnivelan el piso entre privados y CFE, y que no requieren de reformas legales o constitucionales, dijeron los expertos.
La realidad es que este tipo de medidas son un buen ejemplo de cómo vía regulación administrativa pueden llegar a coartar o limitar el alcance de las disposiciones legales o de la reforma energética
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comentó Bernardo Cortés.
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Desalienta más a la inversión
Asumir el riesgo de propiedad y operación de la fuente de generación es importante porque las empresas consumidoras de esa energía en la mayoría de los casos no tiene experiencia ni los elementos técnicos necesarios para poder hacerlo, dijo Cortès.
Es válido que cada administración tenga su propia visión de política energética y que la implemente a través de regulación administrativa, lo importante es determinar qué tantas facultades legales tiene para emitir esa regulación.
El límite es la ley y la Constitución y en la medida en que vayan más allá se crea un mecanismo peligroso que desalienta la inversión, explicaron los expertos.
Siempre un cambio abrupto de reglas desalienta la inversión y genera incertidumbre jurídica, sobre todo en este sector donde las inversiones son de largo plazo. El que cambien las reglas tan seguido no genera la certidumbre para anclar fierros
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comentó el abogado a EL CEO.
Por su parte, Jeovani Santiago, sostuvo que el gobierno tiene que revisar en qué punto está el mercado eléctrico y avanzar hacia el futuro.
“Pero no empezar a hacer ajustes dejando en stand by los mecanismos que iban a solucionar 4 o 5 problemas. Si comienzan a apretar los tornillos, estos 4 o 5 problemas no se van a solucionar, y esos ajustes van a dar bandazos de arriba hacia abajo y van a crear problemas grandes”, advirtió.
