La falta de política pública por parte del actual gobierno para cumplir con los objetivos de conectividad e impulsar al sector de telecomunicaciones ha sido una constante en los últimos años, a pesar del crecimiento en el número de conectados en México.
Si bien este año se contabilizaron a poco más de 84 millones de mexicanos de seis años o más con acceso a internet, esto se debe a la inversión privada y no por políticas gestadas durante la administración que incentiven a la industria, coinciden especialistas.
En el año de la pandemia se sumaron 3.5 millones a la base de conectados en el país, la mayoría generados por los privados y reflejo de un crecimiento orgánico y no inorgánico, es decir, a través de política pública, aseguró Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy & Law Group.
“México debería tener un crecimiento estimulado por la política pública, pero como no tenemos, es un problema. Sin embargo, lo que sí tenemos es política pública para inhibir al sector, pese a lo cual la industria ha seguido creciendo”, agregó.
Sin ruta ni política pública
La hoja de ruta de la Estrategia Digital Nacional, que estuvo liderada por el recientemente fallecido Raymundo Artis Espriú (y quien luego lideró CFE Telecomunicaciones), sigue siendo un pendiente del actual gobierno, aunque ya no se espera que se desarrolle en lo que resta de la administración.
Negrete Pacheco adelantó que pronto varios organismos internacionales empezarán a castigar a México en sus indicadores de conectividad, ante la incertidumbre de lo que el gobierno quiere conectar, dónde conectar, a quién, con qué calidad y qué uso se le va a dar a la banda ancha.
La aprobación de un alza al costo del espectro radioeléctrico, las iniciativas en el Legislativo para regular redes sociales, imponer impuestos por derechos de autor, la creación del padrón de usuarios móviles y los intentos por desaparecer al IFT han jugado en contra de la industria y de los usuarios.
“Esas son una pérdida de tiempo que reflejan los devaneos y las malas decisiones por no contar con política pública que podría crear crecimientos inorgánicos generando los estímulos correctos”, puntualizó el analista.
En ese sentido, aseguró que el sector digital en su conjunto “está bajo fuego”, pues además de que no existe una política publica para fomentarla, sí hay política pública y legislativa para desincentivarla.
Política fiscal, una alternativa
El desafío en materia de conectividad sigue siendo, en mayor medida, en el ámbito rural, en donde sigue existiendo una brecha a pesar de que en el año de la pandemia se redujo de manera relevante, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020.
Uno de los resultados más relevantes de la encuesta fue el aumento en el uso de los smartphones, convirtiéndose en el dispositivo más utilizado para conectarse a internet, lo que debería de ser contemplado para generar una política pública para generar más conectados en México.
Samuel Bautista Mora, coordinador general de Social Intelligence Unit (SIU) considera viable el impulso a una política fiscal en la que se pudieran reducir las cargas que tienen los smartphones, pues ya no son un dispositivo de lujo, sino un equipo indispensable para conectarse a internet.
“Para generar una política pública de conectividad hay que volcarse en los datos de la ENDUTIH para considerar la reducción de esas cargas fiscales para ese tipo de dispositivos”, aseguró.
Sobre todo, agregó, considerando que el gobierno está apostando por la austeridad, por lo que en su opinión resultaría una buena estrategia reducir las cargas fiscales que estos dispositivos tienen.
Lo anterior, como una mejor opción a plantearse eventualmente una recompra de dispositivos y posterior reparto a la población, como pasó en la administración pasada con la compra de televisores en la Transición Digital Terrestre (TDT).
Para el especialista, el ámbito fiscal es relevante y podría ser considerado en la planeación del Paquete Fiscal del próximo año, si tiene cabida o se puede negociar una reducción en el precio del espectro, de cara a una próxima licitación.
En México, en 2020, se estimó que el 72% de la población de seis años o más tiene acceso a internet, una cifra que revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a la registrada un año antes.
