La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México detuvo de nuevo la demolición de un inmueble de oficinas ubicado en Periférico 3042, en la alcaldía Álvaro Obregón. La dependencia espera obtener la autorización legal para reanudarla mientras continúa la batalla legal.
El inmueble ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Pedregal de San Angel, es conocido como Presa Anzaldo, del que Grupo Financiero Mifel funge únicamente como fiduciario de los propietarios de la construcción.
El edificio que se planea como un inmueble de espacios corporativos está en la mira de la Procuraduría de Ordenamiento Territorial y Urbano (PAOT) y de la Sedema desde el 2016, cuando formalmente se presentó una denuncia por diversos incumplimientos.
De acuerdo con Sedema y PAOT, los datos de la construcción registrados en la Manifestación de Construcción no coinciden con el proyecto arquitectónico.
Mientras que para obtener la Manifestación declararon un inmueble de 10 niveles y siete sótanos, en el proyecto arquitectónico incluyeron cuatro niveles adicionales de sótano. Además la escritura registrada reconoce 2,604.89 metros cuadrados de superficie, aunque en revisión de campo se determinó que ocupa un total de 3,173 metros cuadrados.
El predio en el que se construye la obra tiene una zonificación de Área Verde, es decir, que solo tiene usos de suelo permitidos para canchas deportivas, áreas recreativas y de esparcimiento al aire libre.
En tales casos, los proyectos autorizados pueden tener una construcción equivalente al 5% de la superficie total del predio y superficie de desplante equivalente al 2.5% de la superficie del predio, de acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón vigente en la fecha de construcción del inmueble.
El proyecto en marcha sería de uso corporativo sin áreas verdes y con 10 niveles de construcción sobre la banqueta.
En materia ambiental se identificó que 1,715.7 metros cuadrados equivalentes al 54.07% del predio se encuentran dentro de un Área de Valor Ambiental denominada ‘Magdalena Eslava’, lo que impide desarrollo de tales magnitudes.
Por otro lado, el desarrollador no presentó requisitos como el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo con dictamen favorable, el Estudio de Impacto Urbano, ni Autorización en Materia de Impacto Ambiental.
Y de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, los trabajos constructivos que se realizan se consideran de riesgo alto.
Ante las irregularidades la Dirección General de Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México impuso a la obra sellos de clausura en 2016 y 2017, sin embargo el proyecto sigue avanzando.
En 2019, Sedema obtuvo un permiso para demoler el inmueble, y se determinó que los fideicomitentes deberán hacer la restauración del sitio, así como asumir el costo de la demolición total de las obras e instalaciones asociadas al proyecto estimado en 30 millones de pesos.
Banca Mifel solo actúa como fiduciaria de los derechos, bienes y recursos económicos aportados por estos, por lo que no se hace responsable ni responde por los actos y acciones ejecutados por las personas físicas o morales que realicen acciones bajo el amparo del fideicomiso.
De acuerdo con información de la Jefatura de Gobierno, el proyecto tiene una superficie construida de 53,22.974 metros cuadrados, que representa el 75% de avance con una inversión de 402.52 millones de pesos.
Los fideicomitentes también deberán pagar una multa de 61.4 millones de pesos al Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México por el daño ambiental.
Los trabajos de demolición por parte de Sedema iniciaron en noviembre del 2020, sin embargo tanto Mifel como la defensa particular del Director Responsable de Obra han interpuesto amparos que frenaron la demolición.
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió al fideicomiso la suspensión definitiva de la demolición, según notificó Sedema el 10 de diciembre, aunque planean seguir con la batalla.
“Esta decisión se basó en elementos que no fueron aportados por el promovente en el juicio, por lo que esta Secretaría ejecutará los recursos legales correspondientes (para) continuar con la demolición del edificio” sentenció.
