Por: Ángel Alcántara y Alejandro Juárez
El debate sobre el uso del glifosato en México está en su punto más ríspido desde que se autorizó el uso de este herbicida, actualmente clasificado como “sustancia probablemente cancerígena” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La falta de un consenso en torno a las posibles afectaciones del producto a la salud humana y a los ecosistemas ha enfrentado durante décadas a organizaciones civiles con la agroindustria, que defiende la optimización de recursos económicos a través del uso de facilitadores químicos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), bajo el principio precautorio para la prevención de riesgos ambientales, negó originalmente la importación de 1,000 toneladas de glifosato en noviembre de 2019.
De entonces a la fecha se prohibió por decreto la entrada al país de otras 104,327 toneladas, según Ricardo Ortiz Conde, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de Medio Ambiente.
Esta medida mantiene una fricción entre Semarnat y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) que se agravó a principios de agosto con la publicación de una propuesta de decreto para programar estudios técnicos que permitan determinar la seguridad de la utilización del glifosato en el país.
En términos generales, la discusión tiene dividido al gobierno federal en dos frentes.
Uno está encabezado por el titular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur, con el respaldo del sector científico mexicano así como el del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien prometió hacia 2024 la erradicación total del químico patentado por Monsanto en la década de 1970.
En tanto, el otro frente está liderado por Víctor Manuel Villalobos Arámbula, titular de Sader, y quien cuenta con el apoyo de la agroindustria, el principal sector afectado.
Ventajas de productividad
El glifosato es un químico para inhibir el crecimiento de maleza que afecta los cultivos que utilizan principalmente semillas modificadas genéticamente, también conocidas como transgénicas.
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La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores Agroquímicos (UMFFAAC) y la organización Protección de Cultivos, Ciencias y Tecnología (Proccyt) han alzado la voz ante la prohibición a la importación del glifosato a finales del año pasado.
Argumentan que la medida pone en riesgo la producción de alimentos, lo que elevaría sus precios en el mercado nacional.
De acuerdo con ambas organizaciones, los herbicidas a base de glifosato son utilizados en el 65% de las áreas cultivadas en México. Esto equivale a 16.1 millones de hectáreas, repartidas entre 117 cultivos diferentes.
Entre ellos está el maíz, que representa el 34% del uso total, cítricos con 14%, sorgo con 11%, algodón 5%, caña 4%, además de café y aguacate con 3% cada uno.
“En el caso de las frutas y vegetales, sin productos para la protección de cultivo las pérdidas pueden ser de entre el 50% y 90% de la producción (…) se calcula que el encarecimiento de los productos rondaría entre 25% y 40%”, dice Cristian García de Paz, director ejecutivo de Proccyt.
El glifosato maximiza la cosecha de alimentos a través de una reducción de trabajo y eficientización de tiempo en el proceso productivo, comenta García de Paz, cuya organización representa a Bayer -dueña de Monsanto-, Syngenta, DuPont y otras 45 fabricantes de agroquímicos.
“La falta de herbicidas incrementaría los costos de producción de los agricultores, por la necesidad de utilizar mano de obra y maquinaría para preparar la tierra y quitar malas hierbas durante el crecimiento del cultivo. Los incrementos se traducirían directamente en los bolsillos de los mexicanos, porque todos los productos del campo se encarecerían”, dice García de Paz.
… a un costo muy alto
Los científicos creen que esta mejora a la productividad del campo tiene un costo muy alto: múltiples afectaciones a la salud humana, así como una fuerte contaminación del suelo, agua, aire, y el medio ambiente en general.
“En cuanto a daños a la salud se han detectado dolores de cabeza, fatiga, ansiedad, irritación de mucosas, alergias, y hasta desórdenes en el sistema reproductivo relacionados con el uso del glifosato. Además, fue ubicado como probable cancerígeno”, dice Alejandro Espinoza Calderón, encargado del despacho de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).
El uso de glifosato facilita y da ciertas ventajas en la aplicación masiva o en las grandes plantaciones. Prescindir de este químico los obliga a ser más cuidadosos, pero esto reduciría su margen de ganancias, dice el experto en entrevista con EL CEO.
Ramón Mariaca Méndez, director de estadística e información de Semarnat dice por su parte que las organizaciones contra la prohibición del glifosato tienen intereses en el negocio tanto del uso como de la comercialización del producto.
Pero la producción alimenticia no puede depender del uso de glifosato. Hay opciones de mejores prácticas en el campo para evitarlo, pero se quieren ahorrar eso.
Mariaca Méndez recuerda además un caso detectado el año pasado en Autlán de Navarro, Jalisco, en el que distintos tipos de cáncer y daños renales fueron diagnosticados en menores de edad a causa de varios químicos, entre ellos el glifosato.
El titular de Sader ha buscado levantar el veto impuesto al herbicida en noviembre, aunque la postura de la Semarnat, no obstante, es clara en torno a que “más allá de la productividad, está la salud humana y ambiental”.
El objetivo de la dependencia es reducir gradualmente el uso del glifosato hasta lograr la prohibición total en 2024 ante las “evidencias de su toxicidad”, de acuerdo con un comunicado emitido el 25 de junio.
Cancerígeno probado
Desde 2017, el glifosato está clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la OMS como una sustancia probablemente carcinógenas para humanos.
IARC había declarado en 2015 la existencia de suficientes evidencias científicas para considerar que el herbicida más utilizado en el mundo pertenecía a la clasificación 2A, la segunda categoría en toxicidad cancerígena.
La importancia del uso del glifosato, según los estudios de IARC recae en que alrededor de 80% de los cultivos transgénicos a escala global están diseñados para ser trabajados con este químico, cuyas ventas anuales están estimadas en 6,000 millones de dólares (mdd).
En México existen 165 registros autorizados para uso y comercialización de productos con glifosato, de acuerdo con los Registros Sanitarios de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y LMR de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
En los últimos diez años Semarnat permitió el ingreso de 485,340 toneladas de glifosato, volúmen repartido principalmente entre Syngenta, Bayer, Dow, BASF y DuPont, compañías que representan el 85% del mercado mexicano de agroquímicos, según datos oficiales.
La Monografía sobre el Glifosato, elaborada por la Comisión Intersecretarial de Cibiogem de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) reporta que entre 1974 y 2014 se produjeron 8.6 millones de toneladas de glifosato.
También establece que su uso se incrementó 15 veces desde 1996, como consecuencia de la introducción de los cultivos genéticamente modificados con tolerancia al herbicida. Además, dice que hay numerosos casos de muertes a nivel mundial asociadas al glifosato.
El uso de glifosato costó a Bayer entre 8,800 y 9,600 mdd en un acuerdo para resolver más de 125,000 reclamos en Estados Unidos contra el herbicida Roundup, elaborado con glifosato y comercializado a través de su filial Monsanto, adquirida en 2018.
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Francia, Alemania y otros países ya han emprendido acciones para el retiro gradual de productos con glifosato.
Las importaciones de glifosato a México se encuentran prohibidas “hasta que existan los elementos e información científica contundente” que garantice que su uso es seguro.
