El asesinato de Giovanni López en Jalisco, presuntamente responsabilidad de la policía municipal de Ixtlahuacán de Los Membrillos, ocasionó protestas contra la brutalidad policiaca en el poblado que se encuentra a menos de una hora de distancia de Guadalajara.
La movilización del jueves, en la que participaron cientos de personas a las afueras del Palacio de Gobierno de Jalisco dejó manifestantes lesionados, destrozos en inmuebles, patrullas incendiadas y al menos 26 detenidos, informó el ayuntamiento de Guadalajara.
Enrique Alfaro Ramírez, gobernador jalisciense, declaró que la violencia fue ocasionada por personas infiltradas que representan “intereses construidos desde Ciudad de México, desde los sótanos del poder”.
No está claro si el mandatario estatal hizo referencia al gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum o a la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, con el que ha tenido varias fricciones en lo que va del sexenio.
En respuesta, López Obrador pidió a Alfaro Ramírez este viernes durante la conferencia matutina aportar pruebas que validen sus declaraciones.
“No tengo yo que ver nada con lo que sucedió, lamentablemente, en Jalisco. Si tiene el gobernador pruebas que las dé a conocer. El que acusa tiene que probarlo para actuar de manera responsable”, dijo López Obrador desde Tabasco.
Minutos más tarde, Alfaro Ramírez deslindó al primer mandatario, diciendo que cree que es “una gente de bien”, pero aseguró que gente cercana a su gobierno “apuesta por la violencia como una ruta para seguir manteniendo el poder”.
¿Quién fue Giovanni López?
Giovanni López tenía 30 años cuando fue detenido el 4 de mayo por la policía de Ixtlahuacán de Los Membrillos, un pueblo ubicado entre el Lago de Chapala y la capital de Jalisco.
De acuerdo con un video publicado en redes sociales y con el testimonio de sus familiares recogido por medios locales, los policías lo arrestaron por no usar cubrebocas. Dos semanas antes, el gobierno de Alfaro Hernández estableció por ley el uso de cubrebocas obligatorio en toda la entidad.
Un día después de la detención, la policía municipal reportó la muerte de López. Sus familiares indican que el cadáver presentaba otras lesiones, así como una herida de bala en el pie izquierdo.
A un mes de distancia del presunto asesinato, la investigación continúa abierta, con tres elementos de la policía de Ixtlahuacán detenidos como principales sospechosos del asesinato.
El alcalde de la localidad, Eduardo Cervantes Aguilar, fue citado ante la Fiscalía estatal para declarar. Además, la administración estatal tomó el control de la policía municipal de Ixtlahuacán.
Contexto estadounidense
La movilización contra la brutalidad policiaca en Jalisco sucedió mientras se desarrollan en Estados Unidos manifestaciones por el homicidio de George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años asesinado por asfixia poco después de ser detenido en Mineápolis.
La respuesta gubernamental ante las manifestaciones incluyó la imposición de un toque de queda en decenas de ciudades estadounidenses, algo que no se había visto desde los disturbios por el asesinato en 1968 del activista Martin Luther King.
La Guardia Nacional permanece desplegada en 23 estados y en Washington D.C. Una persona murió el 1 de junio en Louisville, Kentucky, donde la policía y militares se enfrentaron a manifestantes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió poner fin a las protestas violentas en las principales ciudades del país.
“Los alcaldes y gobernadores deben establecer una presencia policial abrumadora hasta que la violencia haya sido sofocada”, dijo Trump.
Grandes multitudes han desafiado los toques de queda y salido a las calles de ciudades de todo el país durante más de 10 noches consecutivas. “Se necesitará un esfuerzo conjunto para hacer justicia para George Floyd”, dijo Ben Crump abogado de la familia de Floyd durante el funeral de la víctima.
Los fiscales presentaron nuevos cargos contra cuatro ex policías de Mineápolis implicados en el asesinato. El jueves, los tres oficiales acusados de ayudar en el hecho, hicieron su primera aparición en la corte, donde se fijó una fianza de 1 millón de dólares para cada uno.
