En el directorio de sancionados de la Función Pública se encuentran 1,845 proveedores y contratistas inhabilitados y multados por haber incumplido en sus contratos con el gobierno federal.
Sin embargo, en algunos casos las sanciones ascienden a solo un peso mexicano.
Por ejemplo, el caso de A. and P. International, que fue sancionada por Pemex Gas y Petroquímica Básica en 2016.
La ficha de la Función Pública añade que la causa de la sanción fue que incumplió el artículo 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos.
Ese artículo en su segundo párrafo indica: “Petróleos Mexicanos actuará a través de empresas productivas subsidiarias para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley”, el cual establece las condiciones bajo las cuales Pemex puede desempeñar labores de explotación en convenio con otras empresas.
Pemex Gas y Petroquímica Básica consideró que un castigo justo para esta empresa fuera una multa por “1.00 pesos mexicanos” y cuatro años de inhabilitación, es decir, hasta 2020.
Otro ejemplo es la de Aplicación Industrial Wacon de México S.A de C.V, la cual se anuncia en internet como una empresa basada en Tuxtla Gutierrez “dedicada al comercio al por mayor de productos químicos para la industria farmacéutica y para otro uso industrial.”
Su falta fue presentar información falsa para ganar una licitación pública de carácter nacional, que tenía como objeto de servicios el mantenimiento de aire acondicionado y a la planta de tratamiento de aguas residuales de tres hospitales de especialidad en Chiapas.
La sanción de un peso, además de una inhabilitación de dos años y seis meses (período que concluye en agosto de 2019), fue impuesta por el área de responsabilidades del órgano interno de control en el Centro Regional de Alta Especialidad en el estado.
Otras empresas que han presentado documentación falsa han recibido sanciones de más de 100,000 pesos, por ejemplo ARQRICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
El despacho participó con documentación falsa en una licitación que tenía por objeto la supervisión, diseño, construcción y asesoría de obras civiles, arquitectónicas y de urbanismo así como suministro e instalación de molduras.
Fue inhabilitado por tres meses y con una multa de 109,560 pesos por el órgano de control interno del SAT.
La disparidad de multas son muestra de las fallas del sistema de contratación en obra pública, opina Ricardo Corona, director Jurídico de Instituto Mexicano para la Competitividad.
“Uno de los problemas es que cuando hay un mal manejo de los recursos no vemos que haya consecuencias reales ni mecanismos de control adecuados. Las bajas sanciones lo que nos están diciendo es que hay un rompimiento, una falta de coherencia con un sistema de sanciones”, dijo Corona.
En algunas ocasiones el daño al erario es mayor que la multa interpuesta, ese es el caso de Constructora Tonantlalli S.A de C.V.
Según el catálogo de sancionados de la Función Pública, la empresa fue contratada para trabajos de construcción y remodelación para DICONSA, trabajos que cobró aunque nunca fueron realizados, lo que generó un daño al erario de 1,454,745.19 millones de pesos.
La sanción fue una multa de 822,000 pesos y 18 meses de inhabilitación.
Reincidentes
Ricardo Corona añadió que esa falta de control abre la puerta a abusos de los vacíos legales por parte de las empresas e incluso funcionarios. Por lo que no solo hay casos de empresas que son sancionadas con multas simbólicas, sino que también hay algunos en los que son contratadas, incluso cuando se encuentran inhabilitadas.
Por ejemplo, C y J Construcciones, S.A DE C.V, que aparece seis veces en el catálogo de sancionados.
Tres avisos de sanción a la empresa fueron publicados el 20 de agosto de 2010. En el primero se le multaba con 1.22 millones de pesos y tres años con nueve meses de inhabilitación. La empresa daría servicios de obra civil a Pemex Petroquímica en un complejo en Morelos.
El segundo aviso indicaba una multa de 1.18 millones de pesos y ser inhabilitada por tres años y nueve meses; en este caso iba a reparar techos y muros en el complejo de Pajaritos.
El tercero y cuarto avisaban de una multa de 1.22 millones de pesos con la inhabilitación durante tres años y nueve meses; fue contratada para rehabilitar 10 racks de integración y puentes en el complejo petroquímico Cangrejera.
En los cuatro casos el motivo de sanción fue que el documento que daba fe de la capacidad financiera de la empresa tenía rúbrica apócrifa, pues el contador que supuestamente avaló el análisis desconoció dar su firma para tal documento.
Aunque los plazos de sanción tendrían a la empresa inhabilitada hasta 2014, el 12 de enero de 2012 se dio un nuevo aviso en el que se multaba a C y J Construcciones, S.A DE C.V con 1.33 millones de pesos y se le inhabilitaba por tres años y 9 meses.
Esta vez había sido contratada para localizar y eliminar fugas de agua subterránea en el complejo petroquímico cangrejera y el motivo por el cual se ganó la sanción fue el haber presentado documentos falsos para ganar esa licitación.
El 13 de enero de ese mismo año fue nuevamente notificada de una sanción similar a la anterior por haber presentado información falsa en la licitación de obra civil y electromecánica para el complejo petroquímico pajaritos.
El especialista del IMCO señaló que estos casos son posibles porque “no hay un registro o documentación sistematizada” por lo cual tampoco es posible rastrear el cumplimieto de las sanciones.
“Es una puerta más que posibilitan la discrecionalidad, opacidad, corrupción e impunidad”.
