Hoy es un día importante para Movistar.
El negocio de Telefónica, la segunda empresa con más líneas móviles en el país, podría tener una bocanada de aire fresco tras la crisis por la que atraviesa el negocio a nivel local. Pero, al mismo tiempo, una victoria suya podría representar una amenaza para el Presupuesto de Egresos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará este miércoles un proyecto que podría hacer que el gobierno pague a la empresa alrededor de 7,800 millones de pesos y le permita dejar de pagar otros 2,600 millones en 2019.
El beneficio total de 10,400 millones de pesos sería una medida para resarcir los daños por un posible sobreprecio en las cuotas que la empresa pagó de 2016 a 2018 por las frecuencias que utiliza para dar servicios de telefonía y banda ancha móvil.
El monto representa una tercera parte de las ventas de Telefónica en México y sería un respiro para la empresa que dirige Carlos Morales, considerando que su negocio está en un momento crítico.
Sus ventas han venido a la baja. La empresa entró en una reestructura que le obligó a hacer recortes agresivos de personal a nivel local e incluso medios internacionales han mencionado la posibilidad de que se desprenda de su negocio mexicano.
Telefónica argumenta que las cuotas que paga por las frecuencias que usa son desproporcionadamente altas comparadas con las cuotas establecidas para otro tipo de frecuencias.
Por ejemplo, las cuotas establecidas por el Congreso para operar la banda de 700 megahertz –que es la que se utiliza para la Red Compartida– son 90% más baratas que las que paga Telefónica por las frecuencias que utiliza (que son las de 800 y 1,900 MHz), explicó Gerardo Flores Ramírez, exsenador y experto en el sector telecomunicaciones.
El proyecto de la Suprema Corte, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, concluye no solo que las cuotas son injustas, sino que también se le devuelva a la empresa la diferencia entre lo que debería haber pagado y lo que realmente pagó.
“La desigualdad se acredita, pues se trata de derechos diferenciados por el uso del mismo bien público”, expuso la empresa en sus argumentos y que se documentan en el proyecto difundido por la Suprema Corte.
Si el pleno vota a favor de Telefónica, la empresa recibiría un pago del gobierno por 7,800 millones de pesos que equivale al excedente que la empresa pagó por su espectro. Además se sumarían los 2,600 millones que la empresa dejaría de pagar en 2019 por este mismo concepto.
El riesgo de que esto ocurra es que otras empresas como Telcel o AT&T podrían pedir el mismo trato y el monto que el gobierno tendría que pagarles llegaría a los 40,000 millones de pesos, estima Flores.
Los riesgos para AMLO
Aunque para Telefónica sería una victoria, para el gobierno significaría un desfalco que inyectaría presión al presupuesto del gobierno entrante.
El gobierno dejaría de recibir alrededor de 13,000 millones de pesos al año por concepto de pago de derechos
Gerardo Flores Ramírez, exsenador de la República y experto en el sector telecomunicaciones.
Realizar el pago a Movistar, sin considerar los potenciales reclamos de Telcel y AT&T, está cerca de los 12,000 millones de pesos que AMLO planea destinar a su programa de pensiones para personas con discapacidad en condición de pobreza.
En caso de que Telcel y AT&T se sumaran al amparo, el monto de los 40,000 millones de pesos superaría el presupuesto contemplado para el programa de becas de estudiantes de nivel básico, que es de 35,000 mdp.
Un respiro artificial
Los expertos tienen sus dudas sobre el sentido de la votación. Y aunque la decisión beneficie a la empresa, sería una medida artificial y de efecto temporal, ya que esto no garantiza la permanencia de la empresa en el país.
De enero a septiembre de 2018, la facturación de Movistar se redujo 13.5% contra el mismo periodo del año previo, sus ingresos por servicios disminuyeron 19.3% y los del segmento de datos cayeron 14.5%.
“Realmente Telefónica Holdings está en una reestructura muy importante a nivel mundial. (…) En América Latina no fueron claros, pero aparentemente se irían a los mercados donde tengan mayor huella y mayor convergencia. México no es uno de ellos”, considera Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).
Sin embargo, Telefónica y AT&T ganaron recientemente 20 MHz de la banda de 2.5 GHz, el espectro que les permitirá a los operadores ampliar su oferta de servicios móviles de banda ancha.
Movistar factura alrededor de 30,000 millones de pesos al año y paga alrededor de 8,000 millones de pesos por espectro. Es decir, la empresa destina esos recursos a pagar espectro, en lugar destinarlos a infraestructura.
“El negocio de gobierno, que necesita recursos, no debe estar en la adjudicación cara sino en hacer que se use mucho”, dijo Ernesto Piedras.
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