Además de pagar a meses un smartphone y de abonar una renta mensual o un servicio de prepago, tener un dispositivo móvil podría generar un costo adicional gracias a dos iniciativas en pos de los derechos de autor y contenido original, pero que impactan negativamente en los usuarios de a pie.
La iniciativa para modificar la Ley Federal de Derecho de Autor – hecha pública desde abril pasado – tiene por objetivo implementar un cobro adicional al costo de los dispositivos móviles que puedan almacenar contenido en formato digital lo que, por definición, contempla smartphones, tabletas, computadoras, memorias externas y discos duros.
La propuesta del diputado morenista, Sergio Mayer, supone el pago de lo que se conoce como ‘copia libre de derechos de autor’, por medio de la cual se impone un costo/tarifa fija a quien tenga un smartphone.
Esto significa que todos aquellos que posean un dispositivo de ese tipo acabarán pagando un impuesto autoral, dado que la Sociedad de Autores convenció a Mayer de que hay que cobrar una copia libre, aseguró Jorge Fernando Negrete Pacheco, socio presidente de Digital, Policy & Law.
Cualquier contenido que una persona quiera descargar a su equipo lo tiene que pagar. Y lo peor, además, es que la copia libre no va dirigida a ningún autor en particular, se va solo a las sociedades de autores y compositores
Jorge Fernando Negrete, socio presidente de Digital, Policy & Law
En México, de acuerdo con cifras de The Competitive Intelligence Unit (CIU), hay alrededor de 110 millones de líneas móviles que están activas a través de un smartphone, mientras que solo 10 millones de líneas todavía tienen equipos básicos que entran en la categoría de ‘Feature Phones’.
A esta propuesta se suma la iniciativa de igualar el costo de libros físicos y libros digitales por parte de la senadora Susana Harp, aunada a la amenaza que se cierne sobre los usuarios si las plataformas streaming como Netflix o Amazon no pagan sus impuestos.
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“Estas tres medidas afectan a los más pobres, con un espectro de por sí caro y ahora con un impuesto adicional, quien sale más ‘amolado’ el más pobre”, advirtió Negrete.
Por su parte, Susana Harp presentó una iniciativa que se aprobó en primer dictamen por medio del cual el libro digital tiene que tener el mismo precio que el libro impreso.
El argumento aboga por proteger la industria del libro físico, pero en realidad es un asunto de nostalgia que inhibe la innovación y el sistema de competencia, porque además la estructura de costos no es la misma en el libro físico que en el libro digital, agregó Negrete.
Lo que resulta es que se detenga la compra de libros digitales, lo que viola el derecho de protección al consumidor pues además se están cargando costos por los cuales el único que va a ganar es el editor, en claro perjuicio de los lectores, sobre todo los de menos recursos.
