A principios de este mes, el Departamento de Comercio puso a Huawei en una lista negra comercial que prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con la firma china, una medida que interrumpió de inmediato el sector tecnológico global.
El jurídico de la compañía, Song Liuping, dijo que revisa las formas de luchar contra la prohibición, que dijo afecta a más de 1,200 proveedores y amenaza con afectar a 3,000 millones de clientes en 170 países.
El directivo dijo que el uso de órdenes y leyes administrativas de Washington para castigar a una sola compañía “establecen un precedente muy peligroso”.
Hoy son telecomunicaciones y Huawei, mañana podría ser su empresa, su industria, sus clientes,
dijo a periodistas en la sede de la firma china en Shenzhen.
La prohibición, junto a las acusaciones separadas de fraude bancario y robo corporativo que Estados Unidos ha lanzado contra Huawei y su director financiero, ha exacerbado la guerra comercial entre Pekín y Washington.
Huawei negó que sus productos representen una amenaza para la seguridad y protestó por los intentos de Washington de limitar su negocio. El gobierno de Trump emitió una prórroga de 90 días antes de que entre en vigor la medida.
También el jefe de comunicaciones corporativas, Vincent Pang, consideró que la orden ejecutiva y la lista negra habían trascendido los límites de la competencia normal del mercado.
“Esto podría llevar al inicio de la fragmentación del ecosistema y los estándares tecnológicos globales”, dijo Pang.
Pang confió en que la situación “política” no retrasará la introducción en China de la tecnología de red de quinta generación (5G).
Inconstitucionalidad, último recurso
Este miércoles Huawei presentó una moción legal para declarar inconstitucional una ley de defensa de Estados Unidos, en el último intento del fabricante de equipos de telecomunicaciones para combatir las sanciones de Washington que amenazan con expulsarlo de los mercados globales.
La moción solicita a un juez que declare inconstitucional el Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2019. Huawei presentó su demanda en marzo.
La ley NDAA, aprobada por el Congreso de Estados Unidos el verano pasado, impone una amplia prohibición a las agencias federales y sus contratistas de usar equipos Huawei por motivos de seguridad nacional, citando presuntos vínculos de la compañía con el gobierno chino.
Huawei, el mayor fabricante de equipos de redes de telecomunicaciones del mundo, ha negado en repetidas ocasiones que esté controlada por el gobierno chino, los servicios militares o de inteligencia.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, mantuvo la presión sobre Huawei.
“Huawei es un instrumento del gobierno chino”, dijo Pompeo en una entrevista con Fox Business Network. “Están profundamente conectados. Es algo que es difícil de entender para los estadounidenses”.
Algunos expertos legales dijeron que era probable que la demanda de Huawei fuera desestimada porque los tribunales de Estados Unidos se muestran reacios a cuestionar las determinaciones de seguridad nacional de otras ramas del gobierno.
La demanda “será una batalla cuesta arriba porque el Congreso tiene una amplia autoridad para protegernos de las amenazas a la seguridad nacional percibidas”, afirmó Franklin Turner, un abogado de contratos gubernamentales en McCarter & English.
En noviembre de 2018, un tribunal federal de apelaciones rechazó una demanda similar presentada por la firma rusa de ciberseguridad Kaspersky Lab, que impugnaba la prohibición del uso del software de la compañía en las redes del gobierno de Estados Unidos.
Con información de Reuters
