El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, está listo para que la carga tributaria de la red social sea mayor en los más de 130 países donde tiene presencia.

Con esto, Zuckerberg acepta que los cambios en reformas fiscales globales se traduzcan en pagar más impuestos, según muestran extractos de un discurso que ofrecerá el sábado en Alemania.

Las normas fiscales transfronterizas están a punto de ser reescritas después de que 137 países buscaron evitar el mes pasado una nueva guerra comercial por la multiplicación de los impuestos a los negocios digitales a nivel mundial, provocada por algunos países que pretendían avanzar en solitario.

Entiendo que haya frustración sobre cómo son gravadas las compañías tecnológicas en Europa. También queremos una reforma fiscal y me alegro de que la OCDE esté viéndolo,

se espera que diga Zuckerberg en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

“Queremos que el proceso de la OCDE tenga éxito, para que tengamos un sistema estable y fiable. Y aceptamos que esto puede significar que tengamos que pagar más impuestos y en diferentes lugares bajo un nuevo marco legal”, agregará.

Amazon, Facebook y Google han sacado provecho de las normas actuales, porque pueden registrar sus beneficios en países con sistemas impositivos laxos como Irlanda, sin importar donde generan su negocio.

Por ejemplo, entre esas ventajas Amazon apenas pagará 162 millones de dólares en impuestos en EU, que representan el 1.2% de los beneficios obtenidos el año pasado, se trata además de una cifra inferior a los 165 millones que pagó su CEO, Jeff Bezos por una casa en Los Ángeles.

En enero, funcionarios gubernamentales acordaron negociar nuevas regulaciones sobre dónde se deben pagar los impuestos y qué parte de los beneficios debe ser gravada, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Un número creciente de países prepara sus propios impuestos digitales ante la ausencia de una reformulación importante de las reglas internacionales, pese a la amenaza de Washington de tomar represalias mediante aranceles comerciales al considerar que existe una discriminación contra los grandes grupos tecnológicos de Estados Unidos.

Los responsables de la política fiscal de los distintos países disponen tan sólo de unos meses antes de la fecha límite de principios de julio que fijaron para alcanzar un acuerdo sobre los complejos parámetros técnicos a aplicar. Su objetivo es llegar a un acuerdo completo para finales de 2020.