14 de diciembre 2018 | 5:00 am

En los últimos 10 años algunas tecnológicas comenzaron a operar de un día para otro en México sin una previa regulación.

Empresas como Uber, Airbnb, Lime y Bird aceptaron colaborar con los gobiernos de los países donde operan, aunque eso no implica que estén completamente de acuerdo en ser reguladas.

Juan Luis Hernández, abogado y socio fundador de Novus Concilium, dijo a EL CEO que en el sistema legal todo lo que no está expresamente prohibido o regulado, está permitido.

Es un principio de seguridad jurídica que nos faculta a los particulares hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe o no nos regula. Entonces muchas personas fundan empresas o crean modelos de negocio innovadores en ciertas industrias porque se percatan de que las industrias no funcionan bien y hay una laguna legal que no regulan y por lo tanto ellos quieren explotarlo

Juan Luis Hernández Conde, socio del despacho Novus Concilium

Hace cinco años, por primera vez fue posible que mediante la app móvil de Uber se pudiera solicitar un taxi a domicilio en la Ciudad de México. El servicio de transporte estuvo disponible sin que se apegara a algún reglamento.

Aunque en el transcurso de sus operaciones surgieron propuestas e inquietudes para regular el servicio mediante el establecimiento de reglas y un cobro de impuestos, pasaron dos años en los cuales la compañía no estuvo sujeta a ningún tipo de reglamentación.

Fue hasta el 30 de julio de 2015 que realizó su registro ante la Secretaría de Movilidad (Semovi). En ese mismo año se estableció que se crearía el Fondo para el Taxi, Movilidad y el Peatón. Uber y las otras plataformas acordaron retener y destinar 1.5% del cobro de cada viaje al fondo.

En agosto de 2016, conforme lo establece la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los vehículos que ofrecen el servicio privado de transporte con chofer, a través de aplicaciones y plataformas informáticas, debían atender la validación vehicular. El proceso de validación del vehículo tuvo un costo de 1,650 pesos.

Actualmente, por disposición oficial del Gobierno de la Ciudad de México, todas las personas que utilizan aplicaciones para prestar un servicio de transporte independiente deben colocar en su auto un holograma emitido por la Semovi.

Hernández Conde explicó que la ausencia de regulación representa una oportunidad de crecimiento para un modelo de negocios porque pueden adoptar clientes, crear productos, lanzarlos al mercado y escalarlos sin tener que invertir tanto dinero en el cumplimiento regulatorio.

Hospedaje compartido, más un impuesto adicional  

Otra de las compañía ‘rebeldes’ es Airbnb.

A finales de noviembre, según información de Bloomberg, la plataforma de hospedaje decidió no continuar las negociaciones con el gobierno de México sobre un programa a través del cual la firma cobraría el impuesto sobre la renta (ISR) a sus anfitriones y enviaría el dinero al gobierno.

Transcurrió un año de discusiones sobre el acuerdo en el cual la plataforma de alojamiento debía entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un reporte mensual con la información de contribuyentes y la cantidad de ingresos que generara cada anfitrión.

La compañía expuso que enfrentó dificultades técnicas para retener impuestos sobre la renta de los anfitriones. Por lo que las pláticas están cerradas por ahora, aunque Airbnb tiene otros acuerdos vigentes en relación con el pago de impuesto de alojamiento.

En 2011, Airbnb llegó a México sin preguntarle a alguna autoridad si podía o no comenzar a ofertar su servicio.

Fue hasta junio de 2017, que la Ciudad de México se convirtió en la primera urbe de Latinoamérica en cobrar impuestos a Airbnb. Posteriormente, Yucatán, Sinaloa, Quintana Roo y Oaxaca se sumaron a las ciudades en las que los anfitriones deben pagar un gravamen de 3%, conocido como Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

La decisión de colaborar con los reguladores nació a partir de la presión de estos. Hernández Conde explicó que en el caso de Airbnb, la CDMX modificó el código fiscal local en materia de impuesto de hospedaje. El impuesto ahora considera la renta de parte de la casa por corta estancia. 

 “Era una regulación evidentemente dirigida a Airbnb, aunque hay que recordar que las leyes no pueden estar enfocadas sino siempre deben de ser generales y abstractas”, agregó.

Otras firmas que aprovecharon el vacío legal —por poco tiempo— fueron las de scooters compartidos: Grin, Bird y Lime.

Estas startups iniciaron su operación sin previo aviso. Sin embargo, días después el gobierno capitalino lanzó un programa piloto para incorporarlas al marco legal. Dicha decisión provocó que algunas de ellas dejaran de operar por varios días.

“Dentro de estas cargas regulatorias se han empezado a enfocar en este tipo de servicios novedosos como Uber, llamado una red de transporte, y Lime, de renta de scooters eléctricos. Han intentado emitir regulaciones con el efecto de proteger al ciudadano para que pueda gozar del acceso a la movilidad. La regulación ha sido para proteger al usuario”, comentó el letrado.

Regulación necesaria

Generalmente las empresas no se sienten cómodas al tener cargas regulatorias debido a que implica un costo cumplir con las leyes.

Para el abogado existe una rivalidad y tensión que es muy natural y sana porque eso impide que los gobiernos no regulen de más y que protejan a los ciudadanos. Enfatizó que en el tema de tecnología se debe de regular de manera que no ahoguen la innovación, pero tampoco tener innovación acosta de la violación de los derechos del ciudadano.  

“Es normal que exista este tipo de contingencia entre gobiernos y empresas, pero sobre todo cuando son tan grandes y poderosas como en el caso de Uber , Amazon, Google, Apple, etcétera. Los gobiernos se están enfrentando a proteger al ciudadano de empresas que han acumulado mucho capital”, concluye.