19 de marzo 2019 | 5:00 am

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Hace una semana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que Telmex, empresa propiedad del décimo hombre más rico del planeta, Carlos Slim, será  la encargada de llevar internet a hospitales, escuelas y centros comunitarios en la capital del país.

Ante el anuncio surgieron diversas preguntas: ¿Existió una licitación pública? ¿Cuándo se llevó la convocatoria? ¿Cuántas empresas participaron? Pero no. No hubo una licitación pública y tampoco existió una convocatoria. Mucho menos hubo participación de otras empresas. Entonces, ¿cómo es que Telmex obtuvo el contrato? 

Fue por adjudicación directa. Y así lo señaló Sheinbaum durante el evento y en un tuit publicado el 30 de diciembre.

Y aquí otras preguntas: ¿Por qué se dio por adjudicación directa sin tomar en cuenta a otras empresas? ¿Está dentro de la legalidad la decisión de la administración de Sheinbaum?

Como lo dijo la jefa de Gobierno, se trató de una renegociación, porque Telmex ya poseía un contrato. Y no, no hay ningún inconveniente en temas legales con la elección de renovar el contrato con Telmex, dice Jorge Bravo, analista de la consultora Digital Policy & Law.

“Mi primera reacción es que debió de haber un proceso de licitación donde en condiciones de competencia participaban todos los proveedores. Sin embargo, existe una Ley de Adquisiciones para la CDMX, en la que se establecen algunas condiciones distintas en ciertos casos”, señaló Bravo.

La Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México estipula en su Artículo 54 que cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la administración pública las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y demás circunstancias pertinentes podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios a través de adjudicación directa.

Lo anterior, siempre y cuando se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento u oportunidad.

En un comunicado, el gobierno local detalló que con la renovación del contrato se “logrará aumentar la conectividad en espacios públicos, y mejorar las conexiones de las cámaras de vigilancia que existen en la capital, para aumentar su velocidad a 20 megas”.

La adjudicación del contrato y los beneficios tienen que ver con dos programas en específico: Ciudad Segura y Ciudad Digital.

El informe explica que anteriormente se pagaba por el primer programa 779 millones de pesos, en tanto que el segundo representaba un gasto de 191 millones pesos.

Con el nuevo acuerdo que se logró con la empresa de Slim, para el de Ciudad Segura se estipula un ahorro de 74 millones de pesos y para el de Ciudad Digital, 29 millones de pesos.

Con los otros beneficios, el ahorro total será de 307 millones de pesos para 2019.

“En tanto que el contrato no había vencido, la competencia no se ve afectada. Lo importante son las condiciones para el gobierno. Ningún usuario se ve afectado en sus derechos. No se afecta a la competencia porque no es un servicio para el usuario final sino para el gobierno”, determinó el especialista.

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