Las balaceras, bloqueos y la fuga de rehenes registrada en Culiacán, Sinaloa, este jueves se suman a otros hechos violentos ocurridos en el país esta semana, que han dejado un saldo de al menos 28 personas muertas.
Los hechos registrados en la capital sinaloense, además de los ocurridos en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas desde el lunes, reflejan los fallos en la política de seguridad implementada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, coinciden expertos entrevistados por EL CEO.
“El reto de la delincuencia organizada sigue vigente en este país. La iniciativa de ‘más abrazos, menos balazos’ es una narrativa que no acaba de atender la realidad”, dice Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
La falta de claridad en la estrategia de seguridad del gobierno federal, así como el recorte al presupuesto para estos rubros y la desaparición de la Policía Federal para crear la Guardia Nacional son elementos que agravan el problema, considera.
Para Marco Lara Klahr, presidente de la Fundación Nuevo Periodista para la Justicia y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos hechos de violencia muestran las fallas de “la política militarista del gobierno actual”, así como a la prevalencia de la corrupción institucional.
“Pese al discurso oficial, la corrupción que propicia la impunidad y la complicidad no se ha movido y parece agravarse, porque los militares tienen ahora un enorme poder y capacidad de control en la comunicación”, considera.
El enfrentamiento en Culiacán este jueves inició luego de la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, como resultado de la operación conjunta entre la Guardia Nacional y el Ejército.
Horas después, el capo fue puesto en libertad.
La captura del narcotraficante, apodado El Ratón, ocurrió luego de que sujetos armados atacaran desde un domicilio en el fraccionamiento Tres Ríos atacaran a 30 elementos federales que realizaban un patrullaje de rutina, dijo el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, en un mensaje publicado en Twitter.
Mensaje del Gabinete de Seguridad sobre los hechos suscitados en Culiacán, Sinaloa: pic.twitter.com/gQ0pwrryr0
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 18, 2019
En el mensaje, el secretario dijo que el Gabinete de Seguridad determinó “suspender las acciones” – aunque no aclaró cuáles – y viajar a Culiacán para atender la situación de violencia.
Durazo no mencionó el saldo de víctimas y/o heridos derivados de los enfrentamientos.
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Como parte de esta ola de violencia en la capital sinaloense se registró la fuga de presos en el penal de Aguaruto, confirmó el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, en entrevista con Milenio.
En el mismo espacio informativo, el analista en seguridad Alejandro Hope criticó las acciones de las fuerzas federales, a quienes acusó de no colocar cercos de protección ni medidas preventivas previas al operativo para evitar refriegas.
Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, focos de violencia
Con los hechos de violencia en Culiacán, suman cuatro días de enfrentamientos entre policías locales fuerzas federales y civiles armados.
El lunes, 13 policías de Michoacán fallecieron tras ser emboscados por presuntos elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los policías se encontraban en el municipio de Aguililla “en apoyo a una familia para trasladarla a atender la orden de un juez”, explicó el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles.
El martes, un enfrentamiento en Iguala, Guerrero, dejó un saldo de 14 civiles y un militar muerto.
Al respecto, el titular de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción y la Paz, Roberto Álvarez Heredia, aseguró que los hombres armados agredieron a militares cuando acudieron a atender un llamado de emergencia.
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Asimismo, a la ola de violencia se suma un ataque de hombres armados a bordo de tres camionetas en contra elementos de la policía de Tamaulipas ocurrido el miércoles, que no registró víctimas fatales.
“Lo que estamos viendo en esta semana es la incapacidad del gobierno mexicano para establecer una ruta y contar con los insumos y requisitos necesarios para atender y frenar el problema de la violencia”, comenta Rivas.
