El Tramo 5 del Tren Maya vuelve a ser un asunto de conflicto, pues mientras la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales celebró la revocación de tres amparos, un juez admitió la ampliación de un amparo promovido por Greenpeace para declarar ilegal la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La Semarnat celebró la suspensión de tres amparos que alegaban anomalías en la documentación presentada por las autoridades para la construcción del Tramo 5 de uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos del gobierno de López Obrador. 

Según la dependencia, la decisión confirma que las autoridades federales cumplieron con la documentación solicitada en todos los ámbitos, incluido el del impacto ambiental. 

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Greenpeace en contra del Tramo 5 del Tren Maya

Por su parte, Greenpeace México solicitó a un juez declarar inconstitucional la MIA autorizada por la Semarnat para permitir la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

De acuerdo con el asesor legal de la ONG en México, Luis Miguel Cano, el amparo presentado por la organización también tiene como objetivo “reformar leyes y que se siente un precedente para los proyectos del futuro”.

La ampliación del amparo busca la aplicación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional firmado por México, el cual tiene por objetivo proteger el ambiente a través de los derechos de acceso a la información ambiental.

También, busca la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

El Acuerdo de Escazú fue un enorme avance para los países firmantes tras la lucha medioambiental de décadas. Y debe implementarse correctamente,

comentó Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace.

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