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12 de agosto 2019 | 5:00 am

Para Adriana Greaves y Estefanía Medina, el sistema de justicia penal acusatorio era motivo de ilusión: durante su trayectoria en el servicio público, lo vieron tomar fuerza y consolidarse como una alternativa para mejorar el acceso a la justicia en México. Incluso, cuando se conocieron, ambas trabajaban para armonizar las leyes que entraban en conflicto con él.

Las dos se dieron cuenta de que la falta de voluntad política para efectuar cambios sustantivos en la materia dejaba poco margen de acción para que las instituciones pudieran trabajar.

“Me di cuenta de que el sistema no tenía todos los dientes que debía y que, desde dentro, es muy difícil poder hacer los cambios cuando no hay voluntad”, dice Greaves en entrevista con EL CEO.

Por eso, en enero de 2018, estas dos abogadas dieron un paso decisivo: renunciaron a sus trabajos en el sector público y formaron Tojil, una asociación civil que busca reducir la impunidad en el sistema de justicia penal y hacer litigio estratégico para que la corrupción se castigue.

“Nosotras lo que hacemos es litigio, ese es nuestro perfil. Lo que le falta al país es una visión completamente disruptiva, porque incluso cuando ya se diagnostican los problemas sigue sin pasar nada”, dice Estefanía Medina.

Con este espíritu, desde septiembre de 2018, Tojil y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentaron una denuncia por ejercicio abusivo de la función pública contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por su participación en el desvío de más de 5,000 millones de pesos al erario.

Esta denuncia es la primera en llevar ante un juez a la exfuncionaria, que este lunes deberá presentar pruebas a su favor en la audiencia donde la Fiscalía General de la República busca vincularla a proceso por el delito de “ejercicio indebido de la función pública”.

‘Queremos que nos reconozcan nuestra calidad de víctimas’

Pese a que consiguieron llevar a Rosario Robles ante un juez, Tojil tiene otra batalla pendiente para poder detonar un precedente que sirva en este y en futuros casos de corrupción: obtener el reconocimiento de su calidad de víctimas del desvío de fondos.

El artículo cuarto de la Ley General de Víctimas contempla que “son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos”, pero hasta el momento ninguna asociación ha intentado llevarla a la práctica, dicen las abogadas.

Obtener la calidad de víctima en el proceso permitiría que Tojil y MCCI tuvieran acceso completo a la carpeta de investigación y al procedimiento penal. De igual manera, los dotaría con facultades para solicitar que la FGR hacer nuevas investigaciones para esclarecer los hechos y conseguir que los actos de corrupción se sancionen.

Esto tendría un efecto claro, desde el primer momento, en el proceso, explica Medina.

“Si hubiéramos sido víctima en la audiencia (de Rosario Robles, el 8 de agosto), habríamos tenido un lugar presente ante el juez y cuando la Fiscalía no pidió una medida cautelar, nosotros lo hubiéramos pedido hacer y aportar datos de por qué sí era necesario”, dice la cofundadora de Tojil.

El jueves, la FGR no solicitó medidas cautelares para la exsecretaria de Estado, pese a que tenía facultades para hacerlo.

Además, solicitó vincular a Robles a proceso por un delito que no lleva aparejada prisión preventiva, pese a que Tojil y MCCI la denunciaron por ejercer indebidamente sus funciones y no solo por omisiones en el desvío de fondos.

Para Greaves y Medina, esto tiene que ver con una visión acotada del esquema de corrupción donde participaron 11 dependencias gubernamentales y que quedó de manifiesto en 2017, con la publicación de la investigación periodística ‘La Estafa Maestra’.  Por ello, les preocupa que la audiencia de la exfuncionaria se haya dado antes de que se determine si les será reconocida su calidad de víctimas o no.

“Lo que nosotros planteamos en la denuncia es que esto es una red criminal donde posiblemente estaba involucrada ella con otras personas, a fin de desviar el dinero para beneficio personal o de terceros. Nos preocupa que la Fiscalía esté enfocando los temas hacia la omisión, porque al final puede ser que no se llegue a esclarecer los hechos o sancionar como fueron”, dice Estefanía Medina.

Asimismo, acusan que las autoridades mexicanas no están investigando lo suficiente para esclarecer el caso.

Sin embargo, en tanto se define judicialmente si Tojil es, o no, víctima en este caso -en representación de los mexicanos-, su participación queda acotada.

“Nos tienen atados de manos”, dice Medina.

Rumbo al reconocimiento… y a más casos de corrupción

En el caso de la denuncia contra Rosario Robles, interpuesta el 18 de agosto de 2018, la relación entre Tojil y las autoridades del Ministerio Público fue cordial. Sin embargo, en cuanto la organización intentó pedir actos de investigación, esta posibilidad les fue negada porque “nos dijeron que no éramos víctimas”.

Acudieron entonces ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna –quien el jueves llevó la audiencia de la extitular de Sedesol- para exigir el reconocimiento a su carácter de víctimas, pero él lo rechazó.

Medina y Greaves solicitaron un amparo, que derivó en una nueva negativa y, actualmente, se encuentra en un proceso de revisión.

Al mismo tiempo, Tojil presentó una denuncia contra los fiscales del caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este caso, un juez de control reconoció su calidad de víctimas, acto que la Fiscalía General de la República recurrió. Será en una segunda instancia legal cuando esto se defina, pero actualmente ya existe un precedente judicial de la resolución.

“Es el primer precedente a nivel nacional que otorga ese carácter a una organización civil”, dice Greaves.

La abogada no descarta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso, puesto que resulta “muy interesante a nivel judicial”, ya que son la primera asociación en México que busca hacer litigio estratégico de manera penal, que lleva casos desde cero y hace del litigio y del combate a la impunidad su razón.