El Sindicato de Telefonistas considera que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de transformar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ‘es la mejor manera para evitar dispendios’ y generar las condiciones necesarias para incentivar el crecimiento del sector.
En un desplegado emitido la noche del 10 de enero, el Sindicato liderado por Francisco Hernández Juárez señaló que para superar la pandemia hace falta una política de Estado para generar más y mejor infraestructura, en la que todas las empresas asuman la responsabilidad que corresponda.
Estos objetivos no pueden cumplirse en el marco de la legislación, menos aún con un órgano regulador que nació cooptado por una concepción neoliberal alineada a los intereses de las televisoras y de algunos operadores transnacionales
señaló el Sindicato en el comunicado.
El Sindicato señala que, además de una nueva política de Estado, es necesario modificar el modelo de regulación y la actual estructura del IFT por medio de un proyecto de reforma para crear un nuevo regulador y con un punto de partida de una nueva ley.
En el documento, el organismo acusa que las políticas regulatorias del Instituto se concentran en crear condiciones de competencia favorables para ciertas empresas como Televisa y AT&T (aunque sin mencionarlas directamente) ‘sin considerar la función social de esos servicios ni las necesidades del desarrollo nacional’.
En ese sentido, señalan que las políticas del IFT han dado lugar a ‘un modelo de competencia depredador’ que inhibe la generación de infraestructura necesaria para incorporar en los beneficios de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a los sectores sociales menos favorecidos.
IFT defiende autonomía
Ante la propuesta del primer mandatario, el órgano regulador emitió un comunicado en el que defiende la autonomía constitucional del Instituto, al señalar que esta es resultado de consensos entre distintos sectores, con el fin de perfeccionar el marco institucional y normativo existente.
Esto, a partir de la experiencia adquirida de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Asimismo, señaló que es también consecuente con las mejores prácticas internacionales y la recomendación de organismos internacionales como la OCDE y la UIT para asegurar una competencia justa y transparente en ambos sectores.
Desde el 2013, la autonomía constitucional del IFT ha sido el medio para garantizar que la toma de decisiones esté basada exclusivamente en la especialización técnica, ajena a intereses económicos y políticos
Lo anterior, a decir del instituto, ha permitido no sólo trascender gobiernos o presiones de agentes económicos, sino generar beneficios puntuales para toda la población.