Llamemos a las cosas por su nombre, hasta el 8 de noviembre de 2014, el expresidente Enrique Peña Nieto vivía un romance con México gracias a la campaña mediática lanzada para promover por cielo, mar y tierra, las reformas estructurales contenidas en el “Pacto por México” que nos pondrían en la ruta del crecimiento y el progreso; sin embargo, al día siguiente se detonó el primer escándalo por corrupción: la investigación periodística que reveló la existencia de la tristemente celebre ‘Casa blanca’, escándalo del cual nunca logró reponerse.
Esta investigación no solo le abrió el camino a otros reportajes de corrupción, sino que demostró que no es posible confiar en que los funcionarios públicos coadyuvarían de buena fe para investigar posibles actos en los que se viesen involucrados.
En febrero de 2015, el expresidente Peña nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública (puesto que estuvo vacante desde 2012) y lo instruyó para que investigara si existía un conflicto de interés entre Grupo Higa, Angélica Rivera, y el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Tras una investigación de seis meses, Virgilio Andrade concluyó que la compra del inmueble se había realizado antes de que Angélica Rivera se convirtiera en “primera dama”, deslindó de responsabilidades a Luis Videgaray y, obviamente, al mismísimo Presidente para renunciar en julio de 2016 conforme a lo establecido por las leyes del recién creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tras la reforma constitucional de 2015.
Durante el resto de ese sexenio, el periodismo de investigación, o la última línea del combate a la corrupción, técnicamente suplió a la Secretaría de la Función Pública, al Servicio de Administración Tributaria, a la (entonces) Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera al denunciar más casos de corrupción como el de las empresas fantasma del exgobernador Javier Duarte, el de los piratas del exgobernador Roberto Borge y el de la ‘Estafa maestra’ que, digámoslo abiertamente, pavimentaron la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y le dieron seguimiento a casos como el de Ayotzinapa y Tlatlaya.
Estas investigaciones se nutrieron en buena medida por la información gubernamental obtenida mediante solicitudes de información presentadas ante las oficinas gubernamentales correspondientes o ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuando las autoridades aludidas se negaran a contestar.
Si lo analizamos bajo esta óptica, creo que sería prudente concluir que el acceso a la transparencia gubernamental, garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el INAI, como un integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, es un arma formidable para luchar contra la corrupción, se trate de la administración de la que se trate; por ello me parece grave, por decir lo menos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya lanzado al ruedo la idea de desaparecer al INAI bajo el argumento de que es ineficiente y su operación es cara, cuando Probeis, la afición deportiva del presidente, ha recibido en dos años 1,900 millones de pesos que equivalen al doble del costo operativo del INAI, para que sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública manejada por funcionarios de su propia administración y convertirse en juez y parte.
El Presidente de facto, daría un “Virgiliazo” no obstante que no se cansa en decir que “ellos” no son como “los otros”.
Empero lo anterior, hagamos de cuenta que los argumentos del Presidente son viables y el INAI es caro, ineficiente y negligente, ¿en vez de desaparecerlo, no sería mejor revisar su asignación presupuestal, lanzar un programa de reingeniería y fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados en actos de corrupción? La lógica para desaparecer un órgano autónomo porque “no funciona” o “es caro” se puede traducir en que la mejora continua no tiene lugar en su administración.
—Me lastimé la rodilla jugando beisbol, en vez de operarla mejor me arranco el pie.
Andrés Manuel López Obrador tiene dos herramientas para medir la popularidad de sus proyectos: la primera es el encargarle el trabajo sucio a algún legislador con las ganas suficientes para ascender en la escala evolutiva del partido (aun a costa de su prestigio) y, la segunda, es el proponerlo durante una de sus conferencias mañaneras; ese ejercicio de supuesta rendición de cuentas pero que ha terminado por convertirse en una plataforma para lanzar acusaciones, proponer disparates y hacer declaraciones cuyo fundamento no puede ser confirmado por la Oficina de la Presidencia, previa solicitud de información.
Como fue el caso de la declaración del presidente de que el 90% de las llamadas recibidas en el 911 por violencia familiar eran falsas o la inexistencia del documento de no reelección que el Presidente firmó públicamente en marzo de 2019.
¿Estos ejemplos no son suficientes? Basta leer los reportajes ‘Feminicidas libres’, ‘El país de las 2 mil fosas’, ‘El Ejército mexicano desvió 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019’, ‘Los explotadores del agua’ o el más reciente referente a los contratos otorgados a Felipa Obrador por Pemex; todos ellos ya ocurridos durante la administración de la Cuarta Transformación e investigados gracias a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y al INAI.
¿Siguen sin ser suficientes ejemplos? Desde enero de 2019, la SFP ha ordenado la reserva de 6,500 expedientes; entre ellos los relacionados con la adquisición de las vacunas para combatir la pandemia por el COVID-19. Definitivamente no suena sano el buscar desaparecer a nuestro organismo de transparencia en medio de la peor crisis sanitaria que hemos vivido y con un proceso electoral en puerta, del cual Morena podría salir mal parado.
Sin embargo, este nuevo capricho del Presidente no podrá ser aterrizado con tanta facilidad, ya que el desaparecer al INAI para ser absorbido por la SFP implica, sí o sí, una reforma constitucional, y el partido del Presidente no forzosamente tiene garantizados los votos necesarios.
Alguien le debería decir al Presidente que las funciones constitucionales del INAI, integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, son intransferibles e irrenunciables y que el llevar las funciones de los órganos constitucionales autónomos a las secretarías de estados los convertiría en órganos políticos.
Que, a nivel internacional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es reconocida como una de la mejores. Alguien le debería decir que ya hay señalamientos sobre el impacto que esto traería con el gobierno de Joe Biden, ya que podría traducirse en una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que son requeridos reguladores autónomos. Ojalá que alguien le diga al Presidente que su plan para desaparecer al INAI ya es visto como un retorno a una era de centralización del poder.
Un candidato que ganó las elecciones usando como bandera el combate a la corrupción quiere desaparecer a un órgano autónomo que ha demostrado su efectividad en esta lucha. Una traición peligrosa e inviable.
*Salvador Mejía es licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con estudios de especialización en México y Estados Unidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Gobierno Corporativo así como en Inteligencia y Contrainteligencia
Este texto es una columna de opinión. Su contenido es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la postura de EL CEO.
