21 de febrero 2019 | 2:17 pm

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La Cámara Alta del Congreso aprobó en lo general y en lo particular, y por unanimidad de 127 votos, el proyecto de decreto que contempla la creación de la Guardia Nacional.

El nuevo cuerpo de seguridad desempeñará funciones bajo mando civil y será el inicio de un plan en el que los militares regresarán a sus cuarteles en cinco años, tras ser el principal cuerpo encargado de la lucha contra el narcotráfico en México.

Después de horas de negociaciones, los legisladores de la Cámara Alta realizaron este jueves más temprano cerca de 20 modificaciones a la propuesta original, muchas de las cuales atendían a las observaciones de la oposición y a grupos de defensores de derechos humanos.

Tras la aprobación que Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, aseguró se daría de forma inmediata, sin debate y de forma unánime, la iniciativa ahora debe ser turnada a la Cámara de Diputados debido a los cambios que sufrió. Esta debe ser ratificada por los diputados y contar después con el apoyo de, al menos, la mitad de los Congresos de 32 estados que conforman México.

Bajo el nuevo acuerdo, todos los aspectos militares antes aprobados por la Cámara de Diputados se eliminaron, al igual que la Junta de Jefes del Estado Mayor y el fuero militar en la Guardia Nacional.

También se limita a cinco años el periodo de transición en que se autoriza a los militares a hacerse cargo de labores de seguridad pública en tanto se consolida la nueva organización, lo que se contrapone con la preferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de no imponer límites de tiempo.

El mandatario dijo en su habitual conferencia matutina que aceptaría dicha modificación, pues supone que le dan “el beneficio de la duda” a la propuesta de su gobierno. “Vamos a esperar mejor (…) no vaya a ser que cambien de parecer”, agregó.

La principal advertencia de los opositores a la creación de la Guardia Nacional, es que otorga rango constitucional y no ofrece salidas a la militarización de la lucha contra el crimen organizado en México, vigente desde finales de 2006 y que considera el origen de un alza en los asesinatos, las desapariciones y las violaciones a derechos humanos.

Con información de AFP

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