Las modificaciones que esta administración ha realizado a la estructura de los programas sociales representan una oportunidad desperdiciada de establecer un sistema de seguridad social universal que ha demostrado ser una forma eficiente de disminuir la pobreza y la desigualdad, consideraron expertos.
(La seguridad social universal) es una propuesta que se sostiene sola con base en el análisis de la configuración del empleo y la cobertura actual. Nuestra discusión es que esta base mínima de inclusión social es elemental: asistencia médica, seguros y pensiones. Una cobertura equivalente a la que tienen hoy los empleados formales que ganan hasta dos salarios mínimos y que debería ser cubierta por el Estado
Marcelo Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral, CEEY
Delajara detalló que el CEEY calcula un costo de 5% del PIB para este programa, lo que representa el doble del gasto público actual en seguridad social. Esta diferencia podría ser financiada con un incremento al IVA. “Ya tenemos un ISR alto a nivel internacional y la mayor cantidad estaría siendo pagada por las familias más ricas, que son las que más consumen”.
Este esquema podría evitar los problemas a los que hoy se enfrenta el sistema estadounidense, que podría perder la capacidad de pagar el 23% de los beneficios debido al crecimiento de la desigualdad en ingresos de su población y a un sistema plano de recaudación fiscal para seguridad social.
Un incremento del IVA podría también generar ingresos suficientes para realizar una devolución al sector más vulnerable de la población. El CEEY considera además que este esquema podría aumentar la formalidad y reducir las cuotas patronales que los empleadores desembolsan actualmente.
Actualmente, sólo el 37% de la población ocupada en México tiene cobertura de seguridad social, pero esta se encuentra fraccionada entre IMSS, ISSSTE y fuerzas armadas. Sistemas consolidados en países europeos han demostrado ser de gran ayuda en el combate a la pobreza.
Incluso Estados Unidos, que no tiene un sistema universal, ha visto una reducción de pobreza del 20% y de pobreza extrema del 47% desde la implementación del programa OASDI: un sistema de seguridad social para adultos mayores, personas con discapacidad y familiares de estos grupos. A finales del año pasado el programa atendía a 63 millones de personas que colectivamente recibieron un billón de dólares.
Patricia Sosa, Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, considera que para mejorar el nivel de vida nuestro país debería ser aún más ambicioso y aumentar el alcance de los programas sociales para garantizar derechos previstos por la constitución.
La influencia de organismos internacionales es visible en las políticas actuales. Fue el Banco Mundial el que diseñó las políticas de atención a los pobres de forma individualizada. Se establecieron apoyos condicionados y no se actuó para modificar la estructura que fomenta la pobreza. Se evitó la integración de la sociedad y se mantuvo la volatilidad del empleo, los bajos sueldos y los amplios gastos en conceptos (que deberían ser cubiertos por el gobierno)
Patricia Sosa, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
La experta también consideró que el programa para adultos mayores en la Ciudad de México es una buena prueba piloto para un sistema universal. Sin embargo, este sistema potencial no se ha vinculado a la política económica y el equilibrio fiscal, lo que podría complicar su implementación.
