Argumentando que el diesel de combustión más limpia no está disponible en todo México, el sector del transporte terrestre está pidiendo que se aplace una norma ambiental que exigiría a todos los vehículos pesados nuevos operen exclusivamente con ese combustible, según una carta de la industria vista por Reuters.

La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) aprobó en septiembre posponer un año más, hasta enero de 2022, la entrada en vigor de la norma que forzará a esta industria a fabricar, importar y comercializar en el país solamente vehículos pesados que usen diésel de ultra bajo azufre (DUBA), o más limpio.

Otro aplazamiento probablemente generaría críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido señalado por ambientalistas por su apoyo a los combustibles fósiles y está obligado por diversos acuerdos internacionales, incluido el T-MEC, a mantener altos estándares ambientales.

La carta del jueves pasado dirigida a la titular de Semarnat, María Albores, dice que no posponer la regla provocará, sin embargo, una mayor dependencia de los camiones más viejos y más contaminantes.

Las docenas de organizaciones empresariales que la firman advirtieron que, debido a la incertidumbre sobre el suministro de DUBA, se paralizará la compra de modelos más nuevos con tecnologías que reducen drásticamente las emisiones del tubo de escape, incluso si se trata de las que usan diésel convencional.

La NOM-044 que exige que los vehículos pesados ​​nuevos operen solo con DUBA entrará en vigor el próximo año. Fue diseñada para reducir la contaminación del transporte terrestre que va desde el escolar hasta el de carga, especialmente del vasto volumen de importaciones estadounidenses que cruzan la frontera norte.

“Estamos a tan solo seis meses del vencimiento del plazo y se necesita congruencia entre las normas de combustibles y ambientales, y certeza para la planeación de producción en los siguientes meses”, dice la misiva, firmada por asociaciones que incluyen a los fabricantes de camiones y a los transportistas.

La Semarnat no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la norma que ya fue aplazada en 2020 y que en la carta solicitan posponerla “por insuficiencia en el suministro de DUBA”.

Las asociaciones alegaron que un estudio que realizaron entre abril y mayo, según una fuente enterada del tema, reveló una disminución de la disponibilidad del diésel más limpio en las estaciones de servicio de todo el país.

Según un muestreo aleatorio de 380 estaciones de suministro, alrededor del 73% vendió DUBA. Eso se compara con alrededor del 75% en 2019 y el 81% en 2018, según el documento. “Los resultados no son alentadores”, dijeron.

La industria dice que el gobierno debe garantizar una disponibilidad del 100% y ha señalado que hace menos de dos años la propia Secretaría de Energía admitió una distribución insuficiente del combustible incluso ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Enfoque defectuoso

En comparación con el diésel convencional, el diésel con bajo contenido de azufre puede reducir los contaminantes del aire nocivos como el óxido de nitrógeno y las partículas diminutas en más de 90%, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Ambos contaminantes contribuyen a enfermedades respiratorias y cardiovasculares mortales, así como a algunos cánceres.

En Estados Unidos, únicamente el DUBA podía ser comercializado para 2010, pero solo después de eso el Gobierno ordenó que todos los vehículos pesados estuvieran equipados forzosamente con las tecnologías adecuadas para usarlo. La cadena del transporte de México quieren el mismo enfoque de dos pasos. Si el Gobierno no modifica la normativa y el cronograma, el sector dice que se verá obligado a frenar bruscamente la compra de modelos más nuevos.

La industria argumenta que eso significaría que los camiones y buses existentes permanecerán en la carretera por más tiempo, lo que extenderá la edad promedio de 19 años de la gastada flota actual del país, además de un aumento involuntario de las emisiones.

Sin embargo, los modelos más nuevos que todavía usan diésel convencional pueden reducir las emisiones de óxido de nitrógeno en más del 80% y las partículas peligrosas a la mitad, en comparación con las emisiones de los camiones más antiguos, señalan las asociaciones en la carta.

A finales de 2019, el gobierno otorgó a Pemex una extensión de cinco años del plazo para cuando tendrá que cumplir con el requisito de dejar de producir diésel convencional y, en cambio, comercializar solo el DUBA.

Si bien Pemex produce actualmente alrededor de 117,000 barriles por día (bpd) de diésel, también compra 107,000 bpd fuera de México, mientras que los importadores privados agregan 112,000 bpd más de suministro, según datos del gobierno. La estatal representa casi dos terceras partes de la oferta total.

Gracias a la prórroga de la CRE, antes de 2025 la ley solo requiere que Pemex proporcione el diésel más limpio a aproximadamente una quinta parte de los municipios locales del país, un detalle que, según la industria, subraya la falta de disponibilidad adecuada.