La promesa de “una justicia en beneficio de todos” del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta dificultades e incertidumbre, así como riesgos políticos y económicos. Algunos de los mejores abogados de México advierten que la reforma al Poder Judicial no resolverá los problemas del sistema de justicia, e incluso, podría desatar una crisis constitucional.
En su último informe de gobierno el pasado 1 de septiembre, López Obrador planteó que la justicia debe ser pensada “en beneficio de todos y (que) no esté al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco; que esté al servicio del pueblo”.
La fracción parlamentaria conformada por Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), sostuvo al inicio de la LXVI Legislatura que la reforma, si bien aún es discutible, contiene dos propuestas que son “irreductibles”:
- la elección popular de jueces, ministros y magistrados;
- la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Buenos días. Felicito a las y los senadores de nuestro movimiento por la aprobación de la Reforma Judicial. Con la elección de jueces, magistrados y ministros se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país. El régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más…
— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 11, 2024
¿Qué opinan los abogados?
EL CEO consultó con representantes de los mejores despachos del país –en materia constitucional, económica, agraria y penal– la propuesta enviada por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, y aprobada en la Cámara de Senadores este 10 de septiembre, ante las crecientes protestas de los manifestantes que se oponen a la reforma.
Si bien coinciden en la necesidad de reformar el sistema judicial, también señalan que la propuesta no garantiza que los sectores más vulnerables de la población accedan a una justicia pronta, imparcial y expedita.
Me parece que el riesgo más importante es que no se logre nada, que no se logre ningún objetivo, más que violentar o perpetuar una insatisfacción que también se está manifestando en las calles y que puede llevar a este país a una crisis constitucional
refiere Jorge Nader Kuri, presidente de la prestigiada firma Nader y Asociados, A.C.
Puntos clave de la reforma al Poder Judicial
El último dictamen aprobado por el Congreso de la Unión modificará 16 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, cambiará radicalmente la estructura del Poder Judicial de la Federación (PJF), tanto a nivel político, administrativo y organizacional.
La propuesta se sostiene de cuatro ejes rectores; además de uno complementario: la creación de la polémica figura de “jueces sin rostro”, para el tratamiento de delitos como el narcotráfico:
- elección popular de jueces, magistrados y ministros federales;
- eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la creación tanto de un órgano de administración y un Tribunal de Disciplina Judicial;
- acortar los tiempos de emisión de una sentencia a un periodo de seis meses, pero sin modificar los procedimientos jurisdiccionales; y
- y volvería constitucional la limitación de la suspensión a normas generales hasta concluir el juicio de amparo.
Nader Kuri, también especialista en amparo por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte, señala que la “carrera judicial tiene sus imperfecciones y no necesariamente garantiza que todos van a ser jueces muy competentes”, y agrega que la reforma no explica con claridad qué se persigue con un nuevo mecanismo de elección de jueces, ministros y magistrados.
Primero, habría que tener muy bien definido el objetivo, y esto es muy importante porque nadie ha podido decir cuál es el objetivo claro de la reforma. Si es una mejor justicia, la elección de jueces y magistrados no nos va a llevar a eso
señaló.
‘El tiempo que se prevé no es suficiente’
Para el eje más controversial de la reforma, la elección por voto popular de 1,686 jueces, magistrados y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se plantea un proceso de dos etapas: la primera, a celebrarse en junio de 2025; y una segunda, en una elección convocada en 2027.
Los abogados consultados por EL CEO consideran que no solo se requiere más tiempo para su implementación, también un análisis más profundo sobre los costos, plazos y el diseño de una rigurosa ley secundaria para reglamentar la elección.
El tiempo que se prevé no es suficiente. En otras materias como ha sido la reforma procesal penal o la reforma procesal en materia laboral, se han previsto plazos de seis y ocho años para su materialización
menciona Arturo Boisseauneau Pastor, socio de la firma Aguilar Barroso Abogados.
Los costos de la reforma judicial
Aunque en los comicios para elegir a los jueces y magistrados se proyecta que participarían un total de 10,152 candidatos, todavía no hay certeza de la cantidad de recursos que se destinarán para su organización, ni las reglas para conducir dicho proceso.
Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), omitió estimar los costos económicos y administrativos una elección de este tipo, debido a que los legisladores aún deben definir cuestiones técnicas; por ejemplo, el número de casillas que se instalarán, la cantidad de boletas que se usarán, los costos para la capacitación de funcionarios, entre otros.
“El reto es enorme porque el próximo año se elegirán a más de 800 juzgadores solo en el ámbito federal”, subraya Boisseauneau Pastor. El especialista en derecho constitucional y competencia económica, reclama que las barras de abogados solicitaron una implementación gradual y escalonada, e inclusive, periodos de prueba.
Sergio Bonfiglio MacBeath, abogado especializado en materia agraria y socio director del despacho Bonfiglio MacBeath Abogados, coincide en que sin planeación ni recursos suficientes, la reforma judicial “no caminará”.
No podemos hablar de una reforma judicial en los tiempos (que se establecen), tiene que ser paulatina. Para que realmente pueda tener éxito, uno de los temas torales sin duda es el presupuestal
mencionó.
Terremoto económico
La reforma al Poder Judicial ha suscitado “incertidumbre” entre los principales socios comerciales de México: Estados Unidos y Canadá.
El embajador Ken Salazar, recientemente señaló que la elección de jueces, magistrados y ministros “representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México” y la propuesta no fomenta la confianza e inversiones en un “ambiente estable y predecible”.
¿Quién vendrá a dejar legítimamente su dinero en nuestro querido país, cuando saben perfectamente que no habrá seguridad jurídica y sobre todo que no habrá independencia judicial?
cuestiona Víctor Olea Peláez, director del Bufete Oléa y Asociados S.C. y presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.
En las últimas semanas, la reforma produjo una estrepitosa depreciación del peso frente al dólar, acompañada de un deterioro de las perspectivas de crecimiento económico para México por parte de las agencias calificadoras y otras instituciones financieras globales, quienes ven pocas garantías a la certeza jurídica de las empresas.
A partir de que venga una aprobación eventual de esta reforma, tanto en diputados como en senadores, es que esta cuestión económica seguramente se acrecentará, negativamente para México, y en perjuicio de todos nosotros los mexicanos
añade el afamado abogado penalista.
T-MEC, ¿en riesgo por reforma al Poder Judicial?
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), advirtió que la reforma terminará por impactar a “otros instrumentos del derecho internacional”, incluidos “acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales (como los de la Organización Mundial de Comercio) y otros”.
“Lo que se está advirtiendo es un ejercicio de concentración de poder de quien esté en la mayoría”, refiere Boisseauneau Pastor, quien también fue asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
“Los juzgadores van a estar expuestos a injerencias”, añade el especialista, “no solo de parte de los poderes políticos, también de parte de poderes fácticos que durante la campaña pudieran buscar incidir en el proceso”.
La JUFED recordó que en 2019, López Obrador se comprometió a mantener tribunales laborales independientes, en el marco de la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y velar por limitaciones de intervención en materia económica y competencia.
“Es innegable que la elección de juzgadores por voto popular no abonaría al estado de derecho ni fortalecería al Poder Judicial, y en cambio amenazaría la histórica relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá”, señaló la JUFED.
En un evento reciente, la organización México Evalúa refirió que la reforma judicial no garantiza la independencia e imparcialidad de los juzgadores en las resoluciones, por lo que pudieran suscitarse diversas controversias de empresas a nivel internacional.
La seguridad jurídica está en riesgo, porque lo que una empresa quiere es que en el momento de enfrentar un litigio, se encuentre un juez competente. Si no existe seguridad jurídica, las empresas pueden ir perdiendo la confianza en invertir en el país
dice el abogado Jorge Nader Kuri.
El abogado añade que la “seguridad jurídica va de la mano con una sana gestión económica de las empresas”.
Dilación en juicios y procesos más caros
Entre los litigantes crece la preocupación por el perfil profesional de los funcionarios que, de aprobarse la reforma judicial, ocuparían los juzgados y tribunales de México.
La “desprofesionalización” de la carrera judicial, advierten, podría derivar en una mayor dilación de los juicios así como el dictado de sentencias menos robustas.
Oléa Peláez, quien también es miembro activo de la International Bar Association, considera que transitar de un modelo de selección de los juzgadores por “exámenes de oposición” a un proceso de selección tripartita, terminará politizando el proceso y dominarán “perfiles que no van a ser técnicos”.
“Pues de poco va a servir que nos preparemos nosotros los abogados para hacer amparos, argumentaciones, alegatos, defensas, demandas de gran calidad, cuando todo se va a resolver por dedazo y por instrucciones políticas”, advierte.
A nivel técnico, Bonfiglio Macbeath, quien también es especialista en derecho agrario, anticipa que la “desprofesionalización” de la carrera judicial terminará por afectar a las firmas de abogados de “todas las especialidades si existe un juzgador falto de experiencia para el tema”.
Y consecuentemente, las firmas de abogados tenemos que trabajar más precisamente para poder desestimar ese tipo de criterios mediante recursos, amparos, entre otros
menciona.
En su opinión, la emisión de sentencias que no cumplan con la calidad, ampliaría los tiempos para resolver cualquier tipo de juicio y encarecería la representación jurídica. “Su costo –indudablemente– se va trasladar al cliente”, advierte Bonfiglio Macbeath.
Tribunal de Disciplina Judicial: “espada de Damocles”
La reforma al Poder Judicial propone una modificación al artículo 100 constitucional para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con la creación de dos órganos: el de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
El Tribunal de Disciplina podrá “conocer, investigar, substanciar y, en su caso, sancionar a las personas servidoras del Poder Judicial de la Federación”, en casos como “corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes”.
Por último, la reforma establece que las “decisiones [del Tribunal] serán definitivas y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra” de sus resoluciones.
Este punto, particularmente, es el más preocupante en opinión de los abogados consultados, dado que dicho tribunal estará facultado para sancionar a ministros de la Corte, magistrados de circuito y jueces de distrito, sin posibilidad de acceder al principio del “debido proceso”.
¿Cómo se integrará el Tribunal?
“Se convierte en una inquisición, en donde es una espada de Damocles para jueces, magistrados y ahora también para ministros”, advierte Oléa Peláez.
El penalista añade que este tribunal “servirá para presionar a los jueces para que acaten las determinaciones que el Ejecutivo les va a dar”.
Para Bonfiglio MacBeath, esto implicaría una serie de “violaciones a los derechos humanos y casos que llegarán hasta la Corte Interamericana”, organismo que “ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias”.
Por su parte, Boisseauneau Pastor considera que achacar las deficiencias de la impartición de justicia únicamente al Poder Judicial de la Federación, borra las responsabilidades del Estado en su conjunto y politiza excesivamente sus funciones.
Esta reforma, si bien busca mejorar la impartición de justicia en el país, no proveé una solución completa porque no se encarga de realizar ningún tipo de modificación al actuar, ni de fiscalías, ni de policías, ni de las instituciones de defensoría pública, ni de las instituciones de peritajes, ni de los centros penitenciarios, sino que por el contrario, asume que las deficiencias de la impartición de justicia son 100% atribuibles al Poder Judicial, lo cual es una valoración incorrecta
finalizó.
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